San Juan, 22 oct (EFE) – La jueza federal Laura Taylor, responsable de los casos de la quiebra de Puerto Rico bajo la Ley Promesa, convocó este viernes a representantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), las cámaras legislativas, el Gobierno y acreedores para que den explicaciones de la situación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD).
La iniciativa de Taylor llega después de que el Legislativo fuera incapaz de alcanzar el jueves un acuerdo sobre la normativa que debe regular la reestructuración de la multimillonaria deuda del Estado Libre Asociado.
La JSF es una entidad establecida por el Congreso en Washington para controlar al Ejecutivo de San Juan que fue aprobada con el objetivo de supervisar el impago de la deuda de $72,000 millones y evitar que el Gobierno local haga mal uso de las finanzas públicas, uno de los factores de los problemas de las cuentas estatales.
El presidente del Senado, José Luis Dalmau, dijo que no se contaba con los votos necesarios para sacar adelante el Proyecto de la Cámara (PC) 1003.
Ese proyecto autoriza la emisión de bonos de deuda reestructurados propuesta en el PAD presentado por la JSF al tribunal que lidera Taylor.
La JSF había había advertido al Senado que le daba hasta los 2:00 de la tarde para aprobar la medida.
La Cámara de Representantes, el martes, aprobó la medida con 30 votos a favor y 15 en contra, pero no pasó el filtro del Senado por no tener el apoyo mínimo exigido de los 14 votos necesarios.
El gobernador Pedro Pierluisi se reunió el martes con varios miembros del Senado de la delegación del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) y Dalmau con los del Partido Popular Democrático (PPD), con mayoría en el Legislativo, aunque sin éxito para conseguir los votos necesarios para su ratificación.
Sindicatos y estudiantes se manifestaron este jueves frente a la sede del Legislativo en San Juan, el Capitolio, para mostrar su rechazo al proyecto sobre el PAD por entender que abre la puerta a un recorte de las pensiones de los funcionarios públicos y que no garantiza una adecuada financiación para la Universidad de Puerto Rico.
El Plan de Ajuste permitiría reestructurar cerca de $21,000 millones en bonos del Gobierno de Puerto Rico.
