Fallo federal representa un revés para la política de deportaciones masivas y exige garantizar debido proceso
Los Ángeles (EE.UU.) (EFE) – Un juez federal ordenó este jueves a la Administración del presidente Donald Trump facilitar a decenas de venezolanos, enviados el año pasado a una prisión de seguridad en El Salvador, el regreso a Estados Unidos para que continúen sus procesos de inmigración, si así lo desean.
La decisión judicial representa un revés mayor para el mandatario estadounidense en su campaña de deportaciones masivas.
El juez James Boasberg ordenó al Gobierno de EE.UU. que permita la entrada al país de cualquiera de los más de 130 venezolanos que a partir de marzo de 2025 estuvieron recluidos durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT).
Boasberg, que ha sido criticado por Trump, destacó en su orden que «esta situación nunca se habría presentado» si el Gobierno simplemente hubiera reconocido a los demandantes sus derechos constitucionales antes de deportarlos inicialmente.
Estados Unidos deberá pagar los pasajes aéreos y proporcionar la documentación necesaria para facilitar el viaje a quienes decidan regresar.
La orden aclara que los venezolanos elegibles para regresar a EE.UU. serán puestos bajo custodia a su llegada al país, luego de que en julio fueran enviados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos Gobiernos.
En diciembre pasado Boasberg ya había dictaminado que el Gobierno Trump negó el debido proceso a este grupo de venezolanos y debía darles la oportunidad de tener una audiencia.
El magistrado también certificó una demanda colectiva, lo que allana el camino para que todos los migrantes enviados al CECOT impugnen su designación como enemigos extranjeros de EE.UU.
Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para enviar a El Salvador a los inmigrantes a los que acusó, sin presentar pruebas, de que pertenecían al Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que ha sido designada por EE.UU. como una organización terrorista.
La demanda fue interpuesta por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward que argumentaron que la deportación fue ilegal y que El Salvador encarceló a los venezolanos a cambio de un pago.
Por el envío de inmigrantes a El Salvador, la Casa Blanca mantiene otro pulso judicial en el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García que fue expulsado junto a los venezolanos y fue retornado a EE.UU. por orden de un juez.
