Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro con Sandra
San Juan, Puerto Rico – Hace apenas unas horas el juez del Tribunal de Apelaciones, Ricardo Marrero Guerrero, demandó al Gobierno en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, para hacer valer el aumento de sueldo a los jueces y juezas de Puerto Rico, de conformidad con el Plan de Retribución de los Empleados del Poder Judicial, según aprobado por la Junta de Control Fiscal.
La demanda sobre sentencia declaratoria, injunction preliminar y permanente se radicó
contra el Estado Libre Asociado a través del secretario de Justicia Domingo Emanuelli y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco Urrutia, en su capacidad de director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Además, incluye como parte de interés a la Oficina de la Administración de los Tribunales, representada por su director, Sigfrido Steidel.
Los abogados que representan al juez Marrero Guerrero son José Andreu Fuentes y Frank Torres Viada.
Según el documento, el Gobierno tiene los fondos para cubrir el aumento salarial de los jueces. Explica que los fondos para poner en vigor el Plan de Retribución fueron aprobados mediante la Resolución Conjunta Núm. 39 del 29 de junio de 2023 sobre el Presupuesto General del Gobierno de Puerto Rico y están separados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico.
En su recurso, el juez Marrero Guerrero alega que no es necesaria la aprobación de legislación ulterior para que dichos fondos sean destinados al Poder Judicial a los fines de implementar el aumento de salario a sus jueces. En ese sentido, argumenta que la Resolución Conjunta sobre el Presupuesto constituye una ley especial que autoriza el uso de dichos fondos.
La defensa alega, además, que la intención de la Cámara de Representantes de sujetar la utilización de dichos fondos a un aumento a sus legisladores viola el principio de separación de poderes y constituye un agravio al precepto constitucional de independencia judicial.
“La pretensión del presidente de la Cámara de Representantes de condicionar la aprobación del aumento a los jueces de Puerto Rico a la aprobación de un aumento a los legisladores es una actuación que no solo viola la Resolución Conjunta sobre el Presupuesto, que fue aprobada previamente por ambas Cámaras y por el Gobernador de Puerto Rico, sino que constituye un claro atentado a la separación de poderes establecida en nuestra Constitución y al principio de independencia judicial inherente a nuestro diseño constitucional. En palabras sencillas, la Cámara de Representantes no puede mantener de rehén a la Judicatura de Puerto Rico, por mero capricho, con el único fin de aumentar el salario de sus propios legisladores. En términos prácticos, lo que hace con ello es menoscabar la independencia de la Rama Judicial”, expresó el licenciado Fuentes.
Por su parte, el licenciado Torres Viada indicó que “la importancia de este recurso radica justamente en vindicar la independencia necesaria para el buen funcionamiento de la Rama Judicial en nuestro ordenamiento constitucional democrático, la cual no puede estar de forma alguna subordinada a consideraciones ajenas al fin último de una adecuada y sana administración de la justicia. Después de todo, no se trata meramente del salario de los jueces, sino de garantizar los derechos de todos los puertorriqueños”.
