Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (10 de noviembre de 2020) – En momentos cuando la administración de Wanda Vázquez Garced ha comenzado a ofrecer charlas en las agencias sobre los planes de retiro autorizados en las leyes 80, 81 y 82, lo que ha renovado las esperanzas de jubilación en miles de empleados públicos con una pensión equivalente al 50% de sus salarios, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió hoy que existe el peligro que las personas que se inscriban en los programas de retiro podrían perder los beneficios y sus trabajos si finalmente las leyes son anuladas por el Tribunal Federal.
En una extensa y contundente carta la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, sostuvo que el gobierno no ha demostrado cómo pagará los beneficios de retiro de las tres leyes, estimados por el organismo federal en $8,300 millones durante los próximos treinta años.
La misiva fue enviada hoy en la mañana a Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.
Jaresko también le indicó a Marrero que “su nuevo enfoque” de establecer los planes de retiro por etapas no responde a la pregunta sobre cómo serán pagados los costos de los beneficios a los jubilados.
En síntesis, el plan de retiro de la Ley 80, que beneficiaría a los empleados de la mayoría de las agencias, y de la Ley 81, que cobija a los policías, bomberos, guardias de Corrección y otros empleados de agencias de seguridad, podrían beneficiar en conjunto a más de 16,040 empleados públicos.
Sobre la Ley 82, que avala que la compensación de hasta 108 días de enfermedad no utilizados por los maestros se acredite como tiempo trabajado, lo que les permitiría jubilarse hasta cinco años antes, no existe un cálculo del número de maestros que optarían por el beneficio.
“La Junta de Supervisión sigue profundamente preocupada de que el gobierno está creando incertidumbre y ansiedad entre los empleados públicos, particularmente a la luz de la carta Circular de Recursos Humanos 20-48 del 5 de noviembre de 2020, enviada a los empleados públicos. El gobierno no debe permitir que los empleados dejen sus trabajos y se inscriban en programas de retiro que violen PROMESA, para luego perder esos beneficios si se invalidan las leyes, luego de haber dejado sus trabajos”, dijo Jaresko.
La funcionaria federal sostuvo que el gobierno debe notificar a todos los empleados públicos a través de un comunicado que los beneficios previstos en las leyes son condicionales y que es posible que quienes los soliciten podrían enfrentar la realidad de que nunca los recibirán porque las leyes corren el riesgo de no implementarse o anularse. Además, Jaresko señaló que “nadie debe hacer planes de jubilación o decisiones profesionales basadas en las leyes 80,81 y 82 hasta que el gobierno y la JSF acuerden un plan de implementación para cada Ley”.
“La JSF sigue dispuesta a trabajar en cooperación con el gobierno para analizar las leyes y explorar posibles enfoques de implementación que las harían neutrales en cuanto a ingresos bajo los planes fiscales aplicables. A pesar de lo antes mencionado, la JSF cree que las leyes son significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal y menoscaban y frustran los propósitos de PROMESA al agregar gastos y poner en peligro los servicios de manera inconsistente con la responsabilidad fiscal y el Plan Fiscal”, dijo Jaresko.
Incluso la funcionaria federal indicó que las leyes parecen ser un intento de eludir el congelamiento de beneficios en los planes de pensión del gobierno establecidos por la JSF y los planes en agenda de imponer nuevos congelamientos de beneficios. “Separadas o en conjunto estas leyes parecen ser un intento de eludir o socavar los congelamientos previos y pendientes de los beneficios de pensión, incluidos los requeridos por el Plan Fiscal y el plan de ajuste propuesto para el Estado Libre Asociado, mejorando los beneficios acumulados bajo planes que han sido o serán congelados de varias formas y suponiendo pagar los beneficios a través de la nómina, en lugar de las cuentas de ahorro para el retiro, conocidas como PayGo”, indicó Jaresko.
En una clara advertencia de que la JSF podría solicitar la anulación de las leyes en el Tribunal Federal, la funcionaria federal reiteró que la JSF “no renuncia a ninguno de sus derechos, bajo PROMESA de iniciar la acción legal apropiada para hacer y proteger a la gente y las finanzas del Estado Libre Asociado”
Jaresko también le indicó a Marrero que la implementación de las leyes podría discriminar contra los empleados que no cumplan con los requisitos para la jubilación y que en su momento para acceder al retiro estos empleados públicos exijan el mismo trato, lo que causaría un evento sin precedente con posibles implicaciones legales.
“A la JSF le preocupa que las leyes hagan que todos los demás empleados gubernamentales no cubiertos por estas Leyes exijan el mismo trato, incluida la jubilación anticipada, el aumento de los pagos de beneficios y el crédito por enfermedad. Si cree que otros empleados no exigirán el mismo trato, explique por qué”, le indicó Jaresko a Marrero al final de su misiva.
