San Juan, 31 de mayo de 2022 (EFE) – El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, dijo este martes que «se le debe dar espacio» al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, a quien el miércoles le radicarán cargos por presuntas irregularidades administrativas y fiscales en su Ayuntamiento.
Según dijo Dalmau en un comunicado de prensa, el pasado 31 de marzo, a Rodríguez se le suspendió de sus funciones municipales y de sus posiciones políticas, «hasta que se adjudique la controversia de manera final y firme».
Además, designó al secretario general del PPD, Ramón Luis Cruz, «para llevar a cabo el proceso de reorganización» del colectivo en Mayagüez.
No obstante, ante las acusaciones que someterá el miércoles el Panel del Fiscal Especial Independiente, Dalmau dijo que a Rodríguez «se le presume inocente hasta que se le pruebe lo contrario, por lo que se le debe dar el espacio a que se realicen los procesos en los tribunales del país».
Fue el Departamento de Justicia quien recomendó el 27 de septiembre de 2021 a la Oficina del Panel Fiscal Especial Independiente la designación de un fiscal especial independiente contra Rodríguez y la directora de Finanzas y Presupuesto del municipio de Mayagüez, Yahaira Valentín.
La agencia gubernamental indicó en aquel momento que la recomendación responde a las actuaciones de ambos en el desempeño de sus funciones en el municipio y en la corporación Mayagüez Economic Development (MEDI).
La investigación preliminar realizada en la agencia, concluyó que existía causa suficiente para creer que el alcalde, en concierto y común acuerdo con Valentín, llevaron a cabo acciones que podrían constituir incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos.
De acuerdo con la investigación, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de 9,8 millones de dólares de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez.
Además, la investigación demuestra que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio.
Esto, a su vez, provocó gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores.
