La medida crea el Boletín y el Código de Reglamentos de Puerto Rico, introduce análisis costo-beneficio, reglamentación negociada y busca reducir burocracia, aumentar transparencia y mejorar la competitividad económica
SAN JUAN (EFE) – La gobernadora Jenniffer González Colón, presentó este lunes un proyecto de ley con el objetivo de hacer un Gobierno más «inteligente y moderno», con trámites de los reglamentos más simples, aumento de transparencia pública, participación ciudadana en la toma de decisiones y promover la competitividad económica.
El Proyecto de Administración Número 107, enmienda la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como ‘Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico’ (LPAU), ley que establece el proceso de reglamentación que todas las agencias deben seguir.
Los cambios principales a la ley son la creación del Boletín de Reglamentos y el Código de Reglamentos de Puerto Rico que sería la plataforma digital donde se publicarían los avisos de acciones reglamentarias del Gobierno de Puerto Rico y el Código consolidará en un solo compendio digital todos los reglamentos vigentes.
Al crear un sistema centralizado de publicación y codificación, alinea a Puerto Rico al sistema que utiliza el Gobierno Federal que es el ‘Federal Register y el Code of Federal Regulations’.
La digitalización de los avisos de reglamentación ahorra costos para las agencias, muchas de las cuales aún no han podido derogar sus reglamentos obsoletos por el requisito de un aviso en los periódicos.
Además, se requiere un estimado económico previo de cuando un reglamento afecte la competitividad estatal de Puerto Rico frente a otras jurisdicciones o tenga un impacto fiscal sustancial o en el sector privado.
En dichos casos, se redactará el reglamento mediante el procedimiento alterno de reglamentación negociada con el modelo del ‘Statement of Expected Regulatory Costs’ de Florida y al análisis costo-beneficio requerido en Rhode Island.
También introducirá en Puerto Rico el proceso llamado ‘negotiated rulemaking’ que se utiliza, en ciertas instancias, en el Gobierno federal y otros estados.
Se introduce un mecanismo de diálogo estructurado entre las agencias y los sectores afectados, para promover consenso antes de publicar un reglamento y se establecerán medidas de cumplimiento del deber de revisión periódica de reglamentos que hasta ahora las agencias deben revisar sus reglamentos cada cinco años, pero carece de métricas y medidas de rendición de cuentas.
Por último, se establece un proceso expedito para derogar reglamentos.
Los ciudadanos podrán solicitar vista pública sobre un reglamento además de tener hasta un máximo 30 días para emitir comentarios y los reglamentos deberán redactarse en lenguaje sencillo, evitando tecnicismos innecesarios y promoviendo la claridad para el público general.
Las agencias solo podrán reglamentar dentro de la autoridad expresamente delegada por su ley habilitadora, garantizando que toda norma se ajuste estrictamente a los propósitos del estatuto.
Este proyecto tomó de referencia el informe del ‘Center for Best Practices del National Governors Association’ titulado ‘Learning from State Regulatory Streamlining Efforts’.
Asimismo, responde al compromiso del Programa de Gobierno, en su sección de Modernización de Servicios Gubernamentales de transformar las estructuras y procesos del Gobierno mediante la reingeniería de sus funciones administrativas, reduciendo burocracia y aumentando la eficiencia operacional.
