San Juan, Puerto Rico (EFE) – La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, radicó este lunes una legislación federal para que los pequeños negocios en Puerto Rico tengan acceso a recursos para cumplir con la American With Disabilities Act (ADA), que mejoraría la calidad de vida de 1.14 millones de puertorriqueños.
«Todos sabemos del problema de accesibilidad que las personas con discapacidades sufren en Puerto Rico. Tenemos mucha construcción vieja con accesos incómodos para las personas en silla de ruedas, estacionamientos sin rampas para acceder a los comercios, etc», destacó González en un comunicado.
«Además, conocemos los problemas de la comunidad sorda en poder comunicarse adecuada e independientemente, si no es que llevan algún familiar con ellos. Para atender esta situación y mejorar la calidad de vida independiente de las personas con discapacidades en Puerto Rico, presentamos el proyecto H.R. 4026 para que los contribuyentes en los territorios puedan acceder a estas ayudas», añadió la comisionada.
Por su parte, la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, dijo que su compromiso «es atender a todas las comunidades incluyendo la comunidad sorda que ha estado en desventajas en este tiempo, pero que ahora gracias a estos proyectos de ley va a quedar, de ser invisibilizada, a una comunidad que va a estar siendo empoderada».
ADA, es una ley federal de derechos civiles, firmada en 1990 por el entonces presidente George Bush, que prohíbe el discrimen en contra de personas con discapacidades en todas áreas de la vida pública.
Requiere que se hagan modificaciones a infraestructura para permitir la accesibilidad de personas discapacitadas y que los negocios y las organizaciones sin fines de lucro se aseguren de que se comuniquen de manera efectiva con las personas que tienen discapacidades de comunicación.
Para ayudar a negocios cumplir con los requisitos de la Ley ADA, la Sección 44 del Código de Rentas Internas federal permite que pequeños negocios tomen un crédito en la planilla federal del 50% de los gastos razonables, hasta $10,250 anuales, para mejorar la accesibilidad.
Los fondos son para eliminar las barreras arquitectónicas, de comunicación, físicas o de transporte que impiden que una empresa sea accesible o utilizable por personas con discapacidades.
También para proveer intérpretes calificados u otros métodos efectivos para poner a disposición de las personas con discapacidad auditiva materiales entregados de manera verbal.
Asimismo, se deben destinar a proporcionar lectores calificados, textos grabados y otros métodos efectivos para poner a disposición de las personas con discapacidad visual materiales entregados visualmente.
La Sección 190 del Código de Rentas Internas federal también permite una deducción en la planilla de contribuciones, hasta $15,000 dólares por año, por los gastos incurridos en la eliminación de barreras y alteraciones para hacer las facilidades del negocio más accesible.
En Puerto Rico, se accederían a estas ayudas mediante un mecanismo similar al del crédito por menor o CTC, o sea, mediante la radicación de una planilla federal reclamando un crédito reembolsable bajo cualquiera de las secciones aplicables.
