San Juan (EFE) – La comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González Colón, negó este viernes ante la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública haber presenciado amenazas de despido contra empleados públicos por haber participado de sus actividades partidistas.
La aclaración se da luego de que se difundiera un vídeo en redes sociales el pasado 28 de enero en el que la también vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) agradeció la presencia de los presidentes municipales de la colectividad en sus actividades «aunque los hayan amenazado de que los vayan a botar».
En un turno inicial, el presidente de la Comisión, Héctor Ferrer Santiago, estableció que las expresiones vertidas por la comisionada residente pudieran constituir conductas tipificadas como delito en el Código Penal de Puerto Rico, en el Código Electoral, y violaciones sobre la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental.
«El discrimen político es contrario a los valores fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico», señaló Ferrer Santiago.
A preguntas del legislador popular, la comisionada destacó que sus expresiones grabadas durante el mitin político «han sido sacadas de contexto».
«No estuve presente ni he sido testigo en ningún caso donde se hayan tomado represalias o haya habido alguna conducta que pueda ser considerada discriminatoria. Sin embargo, sí he escuchado relatos de posibles situaciones donde personas alegan haber sido discriminadas», aseguró González Colón, quien fue citada en calidad de vicepresidenta del PNP.
La vicepresidenta del PNP destacó que las expresiones que realizó durante la actividad política y privada no representan un acto ilegal, inmoral o antiético.
«Estas expresiones constituyen una advertencia de que voy a estar atenta y vigilante a cualquier acto», agregó.
En su turno de preguntas, Ferrer Santiago leyó una lista de nombres, que corresponden a legisladores municipales del PNP que pudieran haber sido amenazados, pero la comisionada rechazó revelar información sobre personas que puedan tener una causa de acción.
Antes de finalizar los trabajos, Ferrer Santiago sentenció que «en el día de hoy, la comisionada residente ha expresado que no tiene conocimiento de las amenazas, que no va a brindar nombres de las personas que han sido amenazadas tras su afirmación».
