La medida autoriza permisos especiales de caza para agricultores afectados y declara a los cerdos salvajes como una especie invasora dañina
SAN JUAN (EFE)
El representante penepé Axel Roque Gracia dijo este jueves que la gobernadora Jenniffer González convirtió en ley un proyecto cameral para atender el creciente problema de la proliferación de cerdos salvajes en la isla y así fortalecer su agricultura, seguridad alimentaria y la salud pública.
Según expresó Roque Gracia en un comunicado, el Proyecto de la Cámara 641 «se trata de una legislación que protege nuestras cosechas, fortalece la seguridad alimentaria y atiende una situación que por años ha afectado a nuestros agricultores».
«Aquí estamos priorizando a quienes producen los alimentos que llegan a nuestras mesas y aportan grandemente al desarrollo económico. Hoy les cumplimos con una herramienta adicional para defender su sustento y garantizar la continuidad de sus operaciones», afirmó el legislador.
La ahora Ley 102-2026, conocida como la «Ley para Controlar la Amenaza Porcina a Nuestros Agricultores», establece como política pública facultar al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a autorizar, de manera excepcional, la caza de cerdos salvajes a los agricultores afectados por la presencia de estos animales en sus fincas.
Los agricultores podrán hacer lo propio mediante un permiso especial de caza no deportiva para control poblacional, conforme al Artículo 16(a) de la Ley Núm. 241-1999, conocida como la «Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico», detalló Roque Gracia.
Además, la medida enmienda el Reglamento Núm. 6765, «Para Regir la Conservación y el Manejo de la Vida Silvestre, las Especies Exóticas y la Caza en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico», con el propósito de incluir al cerdo salvaje en el Apéndice Núm. 2 de Animales y Plantas Invasoras (Dañinos), en aras de proteger la sostenibilidad alimentaria de la Isla.
La Ley también faculta al secretario del DRNA a coordinar con el Departamento de Agricultura y otras entidades gubernamentales, tanto estatales como federales, el manejo, control y disposición de los animales cazados.
La proliferación descontrolada de estos animales ha representado una amenaza real para la producción local de alimentos, impactando siembras, infraestructura agrícola y la capacidad productiva de numerosos agricultores que sostienen gran parte de la cadena alimentaria en Puerto Rico, indicó el legislador.
