Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le solicitó a la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced información adicional sobre el impacto fiscal de una ley recientemente puesta en vigor que exime del pago de contribuciones a los miembros del Cuerpo de Bomberos por las horas extras trabajadas y le advirtió que si no recibe la información el organismo federal podría solicitar al Tribunal Federal la derogación de la ley.
La JSF también solicitó información detallada sobre el manejo de los fondos federales en el Departamento de Educación y señaló que estará “supervisando” de cerca el uso de los dineros en la agencia para evitar un posible déficit en el presupuesto.
Según el organismo federal, Educación se ha atrasado en la selección de un síndico que tendría a cargo vigilar y controlar determinadas asignaciones federales, que ascienden a más de $600 millones, y “no ofrece explicaciones satisfactorias ni un plan concreto para resolver los problemas”.
En una misiva enviada a la Fortaleza el pasado 13 de octubre, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, cuestionó que la gobernadora haya sostenido que la Ley 91 de agosto de 2020, que tiene el objetivo de establecer el horario de trabajo y pago de pago de horas extras para los bomberos, no tenga impacto fiscal a pesar de que se anticipa un alza millonaria en el pago de horas extras y de que la ley exime de contribuciones a tales ingresos.
Jaresko cuestionó que Vázquez Garced haya indicado en una certificación enviada a la JSF, que la Ley 91 “no es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal 2020 para Puerto Rico”, a pesar de que el gobierno estima que los bomberos ganarán aproximadamente $10.5 millones en pago de horas extras, lo que implica que el Departamento de Hacienda dejará de recaudar $273,483 en las planillas del 2020, que se podrán radicar hasta abril 15 del 2021.
La Ley 91 establece que la jornada de trabajo normal de un bombero se limitará a ocho horas al día y la semana de trabajo regular será de 40 horas. Además, dispone que las horas extra trabajadas se pagarán a tiempo y medio.
Según la ley, los bomberos tendrán la opción de sustituir el pago de horas extras por tiempo compensatorio y también ordena que para efectos de Hacienda, los pagos por horas extras no se incluirán en la informativa sobre el ingreso bruto anual, lo que pemitirá que tales pagos reciban una exención automática de la contribución sobre ingresos.
“La certificación se limita a afirmar que la ley puede tiener un impacto indeterminado en los gastos. Dado que su estimación asume un aumento significativo de la paga de horas extras en comparación con la prevista en el Plan Fiscal Certificado, parece evidente que la nueva ley tendrá un impacto negativo en los gastos, que no han sido evaluados formalmente”, le indicó Jaresko a la gobernadora.
Jaresko también señaló que “no entendemos cómo la medida podría ser certificada como no significativamente inconsistente con el Plan Fiscal Certificado” y le indicó a Vázquez Garced que deberá presentar “una estimación formal del impacto fiscal de la ley para el 20 de octubre de 2020”.
La misiva de Jaresko concluye con una escueta amenaza, en la que anticipa que la JSF acudirá al Tribunal Federal para solicitar la derogación de la ley 91 sino recibe la información solicitada: “tenga en cuenta que la Junta de Supervisión se reserva el derecho de tomar las medidas que considere necesarias,incluyendo pero no limitándose, a impedir la aplicación y promulgación de la Ley de conformidad con las secciones 204 y 108 de la ley PROMESA”.
En otra carta enviada el pasado 9 de octubre al secretario de Educación, Eligio Hernández, Jaresko sostuvo que Educación no ha ofrecido información satisfactoria sobre cuándo y cómo finalizará la contratación de un síndico federal que el Departamento de Educación Federal le exigió al gobierno local.
Tras un año desde que Educación Federal impusiera la contratación de un síndico para supervisar el uso de fondos federales en la agencia, el secretario de Educación no ha podido concluir la negociación con la entidad seleccionada, el bufete Álvarez & Marsal.
La contratación de Álvarez & Marsal, que es liderada por el bufete Goldman Antonetti, en representación de Educación, podría tener un costo de más de $40 millones. Hernández ha dicho que la contratación finalizará antes de las elecciones del 3 de noviembre.
Pero en la carta Jaresko le indicó a Hernández que “usted menciona que Educación tiene la intención de finalizar el contrato de Alvarez & Marsal pero no proporciona ningún acuerdo concreto o plan para asegurar que esto se materialice. Después de completar nuestra revisión, encontramos que Educación no ofrece explicaciones satisfactorias ni un plan concreto para resolver los problemas”.
En la misiva Jaresko le solicitó al secretario un desglose de la utilización de fondos federales dentro del presupuesto de Educación para el año fiscal 2021 y un programa que indique cuándo se recibirán y se desembolsará esos fondos.
También le exigió un plan de contingencia ante la eventualidad de un retraso o falta de fondos federales; un cronograma para finalizar la contratación de A&M y copia de cualquier opinión o documentación de apoyo que apoye la interpretación de las condiciones específicas que rigen el uso de los fondos federales para los diversos programas federales.
Entre estos programas figuran el Título I, Título II, Ley de Sucesión de Estudiantes, Ley de Educación para Personas con Discapacidades, Título II de la Fuerza Laboral, Ley de Innovación y Oportunidad, conocida como la Ley de Educación para Adultos y Familia, Ley de Alfabetización y los programas de Educación para Niños y Jóvenes sin Hogar.
Jaresko exhortó a Educación a cumplir con las condiciones específicas para que los fondos federales se utilicen en beneficio de los estudiantes y los profesores.
La JSF estará “supervisando de cerca esta situación para garantizar que los fondos del Estado se utilicen de manera responsable y evitar un posible déficit en el presupuesto durante el año fiscal como resultado de las dificultades para acceder a la financiación federal necesaria”, concluyó Jaresko.
