Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, sostuvo que las dos ventanas de retiro que la gobernadora Wanda Vázquez Garced aprobó antes de las primarias no se podrán implementar porque costarían entre $1,500 millones o $2,000 millones al año y el gobierno no ha identificado la fuente de ingresos para financiar las pensiones, las cuales prometen entre el 50% y el 55 % del salario que los empleados públicos reciben actualmente.
Jaresko dijo que las ventanas de retiro fueron aprobadas a pesar de que la Legislatura y la Gobernadora desconocían cuánto sería el costo de los beneficios, que fue el mismo comportamiento que llevó a la quiebra al Sistema de Retiro del gobierno.
Además, Jaresko dijo que las ventanas de retiro son inconsistentes con el Plan Fiscal aprobado para el presente años fiscal por la JSF y advirtió que si el gobierno se propone ponerlas en vigor, debe decidir qué dejará de pagar para obtener entre $1,500 millones o $2,000 millones que costarán al año.
Las dramáticas expresiones de la directora ejecutiva de la Junta figuran en un video grabado durante una reunión virtual que sostuvo con los representantes de varias asociaciones de policías y de la que EyBoricua.com obtuvo de manera exclusiva. En la reunión participaron portavoces de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad, del Frente Unido de Policías, del Sindicato de Policías Unidos y del Concilio Nacional de Policías.
La reunión virtual se realizó el pasado 20 de septiembre, cuando miles de empleados públicos esperaban un anuncio oficial del gobierno sobre cuándo podrán llenar los formularios para acogerse a las ventanas de retiro.
De hecho, al día de hoy la Gobernadora no se ha expresado sobre la puesta en vigor de las ventanas de retiro, que ella firmó unos días antes de las primarias celebradas el pasado mes de agosto.
“Ellos dicen (los legisladores) que tomará tiempo saber cuánto costarán las leyes, pero en otras legislaturas se puede saber cuánto costará una ley antes de aprobarla. Estimamos que el costo será entre $1,500 millones y $2,000 millones al año, pero las leyes no dicen de dónde saldrán los fondos. Si deciden que van a gastar esos fondos deben decir qué dejarán de pagar y tampoco lo han dicho”, sostuvo Jaresko en un tono enérgico, mientras en el video se puede ver el rostro desencajado de los líderes policíacos mientras observan y escuchan sus pantallas de video.
Jaresko también señaló que la ventana de retiro que beneficiaría a los policías pondrán en peligro su participación en el Seguro Social, que comenzó oficialmente por primera vez a principios del presente año, tras la mediación de la JSF con la agencia federal.
“Yo no creo que ellos (el gobierno) supieran que estaban poniendo en peligro el Seguro Social, pero ese es el resultado. Yo temo que se puede afectar el Seguro Social, porque cambia el plan de beneficios anterior de una manera que puede afectar el Seguro Social”, indicó Jaresko, en referencia a que las ventanas de retiro aprobadas garantizan el 50 % del salario, mientras que los beneficios legislados en el 2013, tras la quiebra del Sistema de Retiro para una gran parte de los empleados públicos, establece una pensión ascendente al 38% del salario.
Las leyes de retiro firmadas por la gobernadora son la Ley 81, que surgió del proyecto del Senado 1623, conocido como proyecto para el retiro digno y que favorece a policías, bomberos y empleados de emergencias médicas; la segunda es la Ley 80, que surgió del proyecto del Senado 1616 y que ofrece una ventana del retiro a los empleados públicos de otras agencias del gobierno.
Una tercera medida que no cuenta con el respaldo de la JSF y que Jaresko no mencionó en el video, pero que en comunicaciones escritas enviadas a la gobernadora y a Omar Marrero, director ejecutivo de la Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoría Financiera, si ha dejado saber su oposición, es la Ley 82, que autoriza que el Sistema de Retiro de Maestros acredite como tiempo trabajado el balance acumulado de licencias por enfermedad de los maestros.
El mecanismo de la Ley 82 aceleraría la fecha de retiro de cientos de maestros que no cumplían con el requisito de tiempo trabajado para acogerse al retiro.
En el video Jaresko también señaló que hasta que la JSF no evalúe el impacto fiscal de las tres leyes el gobierno no aceptará solicitudes de empleados públicos para acogerse a los beneficios de jubilación que ofrecen las leyes.
En comunicaciones escritas Jaresko le advirtió al gobierno que acudirá al Tribunal Federal a solicitar la derogación de las tres leyes si insisten en ponerlas en vigor antes de que la JSF informe el resultado de su evaluación. Incluso, Jaresko ha dicho que la JSF concedió varias prórrogas al gobierno para que entregara la información sobre la fuente de ingresos para financiar las ventanas de retiro.
Del video también surge que Jaresko negó que ella o funcionarios de la JSF se hayan reunido con el senador Gregorio Matías, previo a la aprobación de las ventanas de retiro en la Legislatura. Matías ha sido cuestionado públicamente por los líderes policíacos debido a que habría alegado que la JSF avaló las ventanas de retiro.
Contrario a lo alegado por el senador, el presidente de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS), Carlos Morales Rodríguez, ha sostenido que la JSF le había informado que ni la Legislatura ni la Fortaleza identificaron los fondos recurrentes para garantizar los pagos mensuales de las pensiones que ofrecen las ventanas de retiro.
