San Juan (8 de junio de 2021) – El Senado de Puerto Rico aprobó durante su sesión ordinaria realizar una investigación sobre las condiciones de salud de los residentes del municipio de Guayama, en particular en las comunidades aledañas a la carbonera AES.
La senadora y autora de la medida, María de Lourdes Santiago Negrón resaltó que “entre el 2000 y el 2014 los diagnósticos de cáncer entre los habitantes de Guayama aumentaron en un 64% y existe por lo tanto que haya una relación causal entre las condiciones de salud que se han documentado y las prácticas irresponsables y nocivas de AES».
La Resolución Conjunta del Senado 2 ordena al Departamento de Salud, a la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales realizar una investigación en conjunto sobre las condiciones de salud de la población en Guayama debido a que los residentes en este municipio están expuestos a las cenizas tóxicas producto de la quema de carbón para generar energía de la planta AES.
Según se desprende de la exposición de motivos de la pieza legislativa “el efecto de la llegada de los desechos industriales de AES fue catastrófico para los residentes de la zona: se alegan daños tales como lesiones pulmonares y cutáneas provocadas por el fino polvo de las cenizas, defectos congénitos en recién nacidos, falta de extremidades y abortos». Además, entre 2010 y 2019, la cantidad de elementos tóxicos lanzados al aire por AES aumentó un 346%, y la suma total de estos componentes fue de 5,061,199.25 libras.
Por su parte, la senadora Ana Irma Rivera Lassén quien favoreció la medida enfatizó que “tenemos que ver cuál es el país que queremos. Sin duda esta pieza legislativa es de suma importancia para que tengamos no solamente la evidencia, sino también la respuesta y podamos darle información y respuesta que se merecen todas las personas que han estado directamente impactadas por esta contaminación».
Otra pieza legislativa avalada por el Alto Cuerpo fue la Resolución del Senado 166 que propone realizar una investigación sobre la revisión de nivel de clasificación y aumentos salariales correspondientes a los maestros del sistema público de enseñanza por parte del Departamento de Educación, con relación al nivel de estudios alcanzados conforme a la «Ley de Carrera Magisterial», a fin de garantizar el pago correspondiente.
“Nuestros maestros tienen un gran compromiso. Aunque sabemos que hay una situación de estrechez económica, es imperativo que [el Departamento de] Educación busque los fondos para así garantizarle el ajuste salarial a nuestros maestros. Aquí tenemos el recurso humano garantizado y comprometido, si ustedes [el magisterio] ya cumplieron con su parte ahora le corresponde al Departamento de Educación cumplir con el suyo», enfatizó la senadora y autora de la medida, Ada García Montes.
Cabe destacar que la Ley de Carrera Magisterial, aprobada en el 1999, disponía que los maestros y maestras que así lo decidieran se comprometieran a realizar estudios graduados y, según obtuvieran mayor preparación académica, el Departamento de Educación les modificaría su salario como docente. Sin embargo, los pagos correspondientes fueron cancelados a consecuencia de la situación fiscal del país.
El Senado también aprobó la Resolución del Senado 206 que propone realizar una investigación, estudio y análisis sobre el estado actual de la política pública para atender los casos de violencia doméstica, recomendando la utilización de supervisión electrónica de manera obligatoria para los agresores y los mecanismos de notificación a las víctimas sobre la localización exacta de los agresores cuando se acercan a su perímetro.
La Resolución del Senado 225 que propone realizar una investigación sobre los planes de contingencia de las agencias, corporaciones, Alianzas Público-Privadas, oficinas gubernamentales e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante una posible emergencia por desastres naturales. También, fue avalada la Resolución Conjunta del Senado 71 ordena al Gobierno a realizar un estudio sobre el impacto de la Pandemia del Covid-19 en los diferentes sectores económicos de Puerto Rico para aunar esfuerzos en la recuperación económica.
Asimismo, fue favorecido el Proyecto del Senado 253 que establece la “Ley de Asistencia, Protección y Albergue a Víctimas y Testigos». Dicha Ley proveerá protección y asistencia víctimas y testigos de delitos, así como a su núcleo familiar, cuando sea necesario para asegurar su participación en los procedimientos investigativos y judiciales que se lleven a cabo para enjuiciar un delito.
Finalmente, se aprobó el Proyecto del Senado 190, el que creará la “Ley de Justicia para Familias e Individuos del Programa de Comunidades Especiales» a los fines de fortalecer el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales.
La medida de la autoría de la senadora, Wanda Soto Tolentino establece a su vez, un proceso ordenado entre el Departamento de la Vivienda; la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (“ODSEC») y el Fideicomiso con el propósito de “poner fin a la incertidumbre e injusticia» que enfrentan decenas de familias e individuos realojados en alquileres temporeros por el programa de Comunidades Especiales de Puerto Rico así como reactivar el Programa de Comunidades Especiales.
