San Juan, 14 sep (EFE News) – El secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera, informó este lunes de que cerca de 10,000 empleados públicos son investigados por la comisión de posible fraude al programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés).
Rivera, en entrevista radial, resaltó que, efectivamente, se trata de un número de personas muy alto y que por ello está en marcha un proceso de investigación para esclarecer posibles irregularidades.
Aclaró que los empleados gubernamentales que no han perdido su empleo y cobran un salario público no pueden recibir ayudas del PUA.
Los funcionarios no tienen derecho a esa ayuda aunque hayan trabajado de forma parcial.
Rivera matizó que inicialmente la información para acceder a las ayudas del PUA era sometida por escrito y que cada personas se comprometía sobre la veracidad de los datos.
El sistema ha cambiado y ahora se utiliza un sistema que permite confirmar con el Departamento de Hacienda si la información sometida es real.
Rivera aclaró que inicialmente 300,000 personas se beneficiaron del PUA y que con el nuevo sistema son 60,000 las personas que reciben ayuda.
Rivera explicó que crea suspicacia el que de 300,000 solicitantes se pase a 60,000 una vez que entró en escena Hacienda.
También se investiga si personas de fuera de las cárceles han robado la identidad de confinados para obtener el beneficio del PUA.
El Departamento del Trabajo recuperó hasta el momento más de $12 millones.
