Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (9 de marzo de 2021) – La batalla legal del ex presidente de Integrand, Víctor Salgado, y su representante legal, el licenciado Rafael Vázquez González, para revertir la liquidación de la aseguradora, ganó un nuevo capítulo la pasada semana con la radicación de una petición de reconsideración, en la que acusa al Tribunal de Primera Instancia de San Juan de incumplir con las determinaciones de Tribunal Apelativo y exige que rectifique y anule la designación del licenciado Juan Moldes, quien tiene a cargo la liquidación para generar fondos y pagar cientos de reclamaciones.
Incluso, Vázquez González le imputó a la jueza superior del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Iveliz Morales Correa, haber obviado las directrices pautadas por el Tribunal Apelativo de San Juan, que, según el abogado, reconocen la legitimación activa de Integrand para impugnar su liquidación y la aplicación de la Ley de Ética Gubernamental en la figura del Comisionado Auxiliar Especial, quien tiene a cargo el proceso y cuyo salario se paga de los fondos de la aseguradora intervenida.
El Tribunal Apelativo ordenó realizar una vista para que Integrand presentara toda la evidencia contra Moldes Rodríguez, la que fue celebrada el 27 y 28 de octubre pasado. Entre otros señalamientos, Integrand acusa a Moldes Rodríguez de incurrir en un grave conflicto de interés y de carecer de las capacidades para dirigir la rehabilitación del asegurador, que luego se tornó en liquidación.
Además, Vázquez González sostuvo que la jueza Morales Correa copió al detalle los argumentos del Procurador General, quien representa a la Oficina del Comisionado de Seguros, (OCS) en el caso. Durante la vista en el Apelativo el Procurador General sostuvo que a la figura del Comisionado Auxiliar Especial no le aplica la Ley de Ética Gubernamental, porque no es un funcionario público debido a que su salario surge de los fondos de Integrand.
Según Vázquez González, estos argumentos fueron recogidos por la jueza Morales Correa en una de dos resoluciones que emitió varias semanas atrás, en las que rechazó los argumentos de Integrand y ordenó la continuación del proceso de liquidación.
En la primera decisión la jueza Morales Correa rechazó desestimar la intervención de la OCS, porque como sostiene Integrand, el ex subComisionado de Seguros, Rafael Cestero Lopategui, nunca fue confirmado por la Legislatura al cargo de Comisionado de Seguros, lo que implica que no existía una parte de demandante en propiedad.
En la segunda solicitud, Morales Correa se negó a descalificar a Moldes Rodríguez como Comisionado Auxiliar Especial a cargo del proceso de liquidación por los presuntos conflictos de interés y por su ignorancia en el campo de los seguros. En
La moción de reconsideración, que solo atiende esta segunda resolución, Vázquez González sostuvo que la jueza Morales Correa “pretende dejar sin efecto” la determinación del Apelativo en su sentencia emitida el 25 de junio del 2019, que “plasmó de forma clara unas determinaciones que eran obligatorias para el Tribunal, y que inexplicadamente éste procedió a revertir”. Según el abogado, el Apelativo concluyó que el puesto de Comisionado Auxiliar Especial formaba parte del servicio de confianza de la OCS y que cualquier persona que optara a dicha posición estaba sujeta a las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental.
En la moción de reconsideración se indica que la jueza avaló la posición de la OCS sobre que Moldes Rodríguez no es un funcionario público sino un contratista privado, cuando actúa como Comisionado Auxiliar Especial y Liquidador Auxiliar de Integrand.
Pero Vázquez González señaló que al sostener esa posición la jueza Morales Correa obvió “inexplicablemente” las representaciones realizadas por los abogados de la OCS sobre que Moldes Rodríguez también es un funcionario público.
“Tal reclamo (que no es funcionario público) claramente lo levanta, pues le conviene para tratar de apartarse de la aplicación de las normas éticas que regulan la contratación gubernamental. Ahora, cuando se trata de buscar beneficios que solo están disponibles para funcionarios gubernamentales, el señor Moldes, igualmente representado por el Procurador General, reclama ante otros foros judiciales que es un funcionario gubernamental”, sostuvo Vázquez González, en referencia a las peticiones de Moldes Rodríguez al Departamento de Justicia para que “se le provea representación legal y posteriormente el gobierno asumiera el pago de cualquier sentencia”.
Incluso, la moción de reconsideración relata que en el caso que Integrand radicó en el Tribunal Federal de San Juan en su contra, Moldes Rodríguez intentó “infructuosamente” reclamar la inmunidad que corresponde a funcionarios demandados por su gestión gubernamental, y también reclamó que se paralizaran los procedimientos porque su caso estaba cobijado por las disposiciones de la Ley PROMESA.
La moción indica que otro “error” de la jueza Morales Correa es que descartó que Moldes Rodríguez, en su función de liquidador, no tenía deber de fiducia con Integrand, a pesar de que el propio Moldes Rodríguez lo había reconocido en corte abierta. “El señor Moldes reconoció al Tribunal que en efecto sí tenía un deber de fiducia para como Integrand, específicamente para con el accionista de ésta. Consecuente con tal admisión, no vemos cómo es posible que el Tribunal anotara en su resolución la ausencia de tal deber”, advierte la moción.
Otro de los “errores” que Vázquez González le adjudica a la determinación de la jueza Morales Correa es que descartó que Moldes Rodríguez haya incurrido en violación a los cánones de ética de la profesión de abogado cuanto fungió, simultáneamente, como abogado de Integrand, de la aseguradora Real Legacy y del Comisionado de Seguros.
Además, al momento de su nombramiento, Moldes Rodríguez era abogado de una mujer identificada como Betty Carrasquillo Santiago, en una reclamación ante la aseguradora Integrand. Según Vázquez González, Moldes Rodríguez violó las normas éticas de abogado al asumir la representación de intereses adversos.
Para resaltar su posición, el abogado cita una decisión del Tribunal Supremo que indica que “las responsabilidades éticas de los miembros de la profesión de abogado no tienen un horario de trabajo”.
“No vemos cómo es posible que el Tribunal eximiera de responsabilidad al señor Moldes amparándose que la función representativa que ostentaba de Real Legacy e Integrand, no era de naturaleza de abogado-cliente, ello a pesar de concurrir en tal gestión la representación de intereses claramente adversos, tanto en las reclamaciones que éstas tenían entre sí, como de la representación legal en el caso de Betty Carrasquillo y su concurrente participación como “rehabilitador” de Integrand, y luego comparecer al mismo caso como representante de los intereses de Integrand como su liquidador”, señala la moción.
Otro alegado “error” cometido por la jueza, es que concluyó que el puesto de Comisionado Auxiliar Especial no es parte de la plantilla de la OCS porque su salario proviene de los fondos del asegurador intervenido. La moción sostiene que la verdad jurídica es que la remuneración del Comisionado Auxiliar Especial proviene de los fondos del asegurador, pero ello no significa que dicho funcionario “opere como empleado o contratista de éste”.
Vázquez González catalogó la aseveración de la jueza como “absurda”, porque al partir de esa conclusión sería lícito concluir que toda la operación de la OCS es ilegal debido a que todo su presupuesto proviene de las aportaciones que hacen sus regulados, incluyendo las multas y los pagos de licencias que realizan las aseguradores, productores y agentes de seguro.
