SAN JUAN, Puerto Rico – Un nuevo informe titulado «Pain & Profit: The Act 22 Donors Influencing Puerto Rico’s Elections» (Dolor y Ganancia: Los Donantes de la Ley 22 que Influyen en las Elecciones de Puerto Rico) ha revelado que los beneficiarios de la Ley 22 han donado más de $1 millón a políticos puertorriqueños entre 2013 y 2023.
Este análisis de las declaraciones de campaña muestra que estos donantes han tenido una influencia significativa en las elecciones de la isla.
El informe fue realizado por el Center for Popular Democracy (CPD), una organización dedicada a crear equidad, oportunidades y una democracia dinámica en colaboración con organizaciones comunitarias de base, alianzas de organización y sindicatos progresistas.
«CPD fortalece la capacidad colectiva para imaginar y ganar una agenda innovadora a favor de los trabajadores, inmigrantes y la justicia racial y económica», asegura la organización.
La Ley 22, promulgada en 2012 y enmendada como la Ley 60, ofrece exenciones fiscales del 100% sobre todos los ingresos e inversiones a los individuos que se muden a Puerto Rico.
Aunque diseñada para atraer inversores y estimular la economía, la ley ha sido criticada por favorecer a los inversionistas ricos y no cumplir con sus objetivos económicos.
El análisis muestra que casi 250 inversionistas de la Ley 22 donaron a más de 20 políticos y dos partidos políticos principales entre 2013 y 2023. Aunque algunas donaciones fueron modestas, muchos inversionistas de la Ley 22 donaron grandes sumas a una amplia gama de políticos.
El informe señala que los donantes de la Ley 22 han financiado campañas de figuras políticas clave, incluyendo al gobernador Pedro Pierluisi, la comisionada residente Jenniffer González-Colón y varios líderes del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico.
Los alcaldes de San Juan, Dorado y Guaynabo, municipios con un alto número de beneficiarios de la Ley 22, también han recibido donaciones significativas.
Entre los hallazgos destacados, el informe indica que:
- Los beneficiarios de la Ley 22 donaron más de $429,000 a la campaña del gobernador Pedro Pierluisi.
- El alcalde de San Juan, Miguel Romero, recibió más de $151,000.
- La comisionada residente Jenniffer González-Colón obtuvo más de $84,000 en donaciones.
El documento también cuestiona la efectividad de la Ley 22 en fomentar el desarrollo económico local, señalando problemas como el aumento de los precios de la vivienda, la presión sobre la infraestructura y la falta de ingresos fiscales.
Los autores del informe instan a los candidatos electorales de 2024 a rechazar donaciones de beneficiarios de la Ley 22 y llaman a la derogación de esta legislación.
Los donantes más destacados de la Ley 22 son:
- Suzanne y Michael J McCloskey (y familia): $71,300
- Robb y Tara Rill: $46,000
- Charles y Kathleen Hamilton (y familia): $37,500
- Thomas James Axon: $30,800
- James y Liana O’drobinak: $31,275
- Barry Breeman: $25,885
- Mark Edward Curry: $24,800
- James Besser y Jenny Ekberg Besser: $19,700
- Nicholas Alden Prouty: $19,100
- Brian Tenenbaum: $16,900
- Keith St Claire: $15,000
- Vadim Eugene Dolsky: $13,950
- Oscar Cadiz Valentin: $11,050
- Justin Lee Schreiber: $10,350
- Brock Jeffrey Pierce: $10,100
CPD trabaja para construir el poder de las comunidades y asegurar que el país refleje una visión de una sociedad inclusiva y equitativa, donde las personas de color, inmigrantes, familias trabajadoras, mujeres y comunidades LGBTQ prosperen juntas, apoyadas por una economía resiliente e instituciones políticas que reflejen sus prioridades.
Establecido en 2012, el Center for Popular Democracy tiene oficinas en Nueva York y Washington, DC, y personal en varios estados y Puerto Rico. La red de CPD incluye 53 afiliados y socios en 131 ciudades de 34 estados, Puerto Rico y Washington, DC.
