La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), publicó los resultados de un estudio realizado para evaluar la eficiencia y efectividad de la gestión gubernamental, en relación con el manejo de tiempo para atender las disputas obrero-patronales presentadas ante la Junta de Relaciones del Trabajo (JTR) de Puerto Rico.
En un comunicado de prensa, la OIG informa que como resultado del estudio, se encontró que, los procesos adjudicativos sobre los cargos examinados tomaron más tiempo de los días reglamentarios establecidos para la adjudicación de las disputas obrero-patronales. La Junta en pleno, emitió resolución de decisión y orden, para nueve cargos presentados durante años anteriores, para los cuales se tardó entre tres y 10 años, para el cierre de estos.
El Área de Pre-Intervención y Exámenes de la OIG, evaluó distintas disputas obrero-patronales presentadas por empleados o gremios sindicales. Del resultado surgió que, al 30 de junio de 2021, se habían presentado ante la JTR, 35 cargos por prácticas ilícitas de trabajo; 2 violaciones a la carta de derecho; 2 peticiones de representación/certificación de representante y; 228 apelaciones (al amparo de la Ley Núm. 66-2014).
Se evaluaron otros cargos o casos sin resolver correspondientes a años fiscales anteriores. Los casos sin resolver ascienden a 136 y comprenden desde el 2008 al 2020, donde transcurrieron entre 1 y 13 años sin haberse emitido una resolución.
De estos, 102 permanecen en la División de Investigaciones y 28 en la División de Oficiales Examinadores. En la División Legal y la Oficina de la Presidencia, cuentan con seis casos. De la totalidad de cargos sin resolver el 89% corresponde a cargos por prácticas ilícitas.
Para los cargos atendidos o inactivos, la JRT se tardó en emitir una resolución, entre 62 a 466 días. Siete de ellos, en un tiempo mayor del reglamentario de los 180 días. Los expedientes de estos cargos reflejaron que el 13% se resolvieron por desestimación y el 87% se resolvieron por retiro. Al momento del estudio para los cargos en etapa investigativa, habían transcurrido de 236 hasta 586 días, sin haberse emitido una resolución.
Por otra parte, se evaluaron 228 apelaciones presentadas por gremiosdurante el período del estudio, que aún no se habían resuelto. En 169 de las apelaciones, ha transcurrido entre 225 a 352 días sin haberse emitido una resolución.
El estudio reveló que desde el año 2010, la JRT no ha revisado su reglamentación, para actualizarla a los cambios de ley, operacionales, de procesos y administrativos ocurridos en los últimos cinco años.
La misión de la JRT es proveer un foro cuasi judicial para atender y solucionar con rapidez, eficiencia e imparcialidad, ciertas disputas obrero-patronales entre empleados, uniones y patronos; salvaguardar la paz laboral, promover las prácticas y procedimientos de la negociación colectiva y el máximo desarrollo económico de Puerto Rico. La JTR fue creada en virtud de la Ley Núm. 130 del 8 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico.
La presidenta de la Junta de Relaciones del Trabajo respondió mediante comunicación gerencial a los resultados del estudio y expuso que el tiempo de atención de los casos en la Junta se ha visto afectado por los pasados años debido a varios factores, entre los cuales se destacan: la paralización de casos por virtud de la Ley PROMESA; la reducción y/ o ausencia de personal; y la falta de presupuesto para reclutar personal adicional.
Por otra parte expresó que, en el caso de las apelaciones presentadas durante el periodo de estudio, que no se han resuelto, se encuentran paralizadas a solicitud de ambas partes, debido a la Ley PROMESA y/ o a la transición ocurrida entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy.
De tener información sobre irregularidades en el uso de fondos públicos, así como actos que podrían constituir corrupción, puede comunicarse con la OIG a nuestra línea confidencial, 787-679-7979, o a través del correo electrónico a informa@oig.pr.gov.
