SAN JUAN, Puerto Rico – Un exhaustivo análisis realizado por Russell Hillberry y Manuel I. Jiménez de la Universidad de Purdue ha revelado que la Ley Jones, legislación que rige el transporte marítimo entre puertos estadounidenses, está elevando los costos en Puerto Rico a niveles comparables a los de un arancel promedio del 30.6% sobre los productos importados desde el territorio continental de EE. UU.
El estudio, titulado «Consecuencias Económicas de las Restricciones de Cabotaje: El Efecto del Acta Jones en Puerto Rico», fue publicado recientemente por el Instituto Cato en su serie «Research Briefs in Economic Policy No. 380».
Los investigadores señalan que, bajo las restricciones de la Ley Jones, que exige que los barcos sean construidos, propiedad, tripulados y registrados en Estados Unidos, los costos de envío marítimo han aumentado significativamente, afectando de manera desproporcionada a los consumidores puertorriqueños.
El estudio estima que el Acta Jones le cuesta a la economía de Puerto Rico unos $1,400 millones anuales, con las familias puertorriqueñas soportando aproximadamente $692 millones de esta carga, lo que representa el 1.1% del gasto total de los hogares en la isla, o unos $203 por ciudadano al año.
«El sesgo contra los insumos transportados por mar en las importaciones de Puerto Rico es alarmantemente grande, y sugiere la presencia de una distorsión importante que ha afectado la estructura industrial de la isla», explican Hillberry y Jiménez en su reporte.
Además, destacan que «las importaciones puertorriqueñas de insumos marítimos son un 77% inferiores a las importaciones de insumos que llegan por aire, una diferencia que no observamos en las importaciones de las Bahamas, la República Dominicana o Jamaica».
El estudio también aborda cómo las empresas en Puerto Rico han tenido que adaptarse, a menudo optando por fuentes alternativas fuera del territorio continental de EE. UU. para evitar los sobrecostos impuestos por la ley.
«Esta situación ha obligado a muchas empresas a tomar decisiones difíciles sobre la localización y la cadena de suministro, que en última instancia limitan el crecimiento económico de Puerto Rico», afirma el estudio.
Los autores del estudio utilizan métodos analíticos para comparar el impacto de la Ley Jones con otros costos comerciales, concluyendo que «los costos impuestos por el Acta Jones son equivalentes a los de un arancel medio del 30.6% sobre los productos finales que llegan de EE. UU.», y que «las compras de bienes de capital por el sector privado cuestan un 3% más de lo que costarían si la Ley Jones no existiera».
Este análisis detallado no solo pone de manifiesto los costos directos e indirectos de la Ley Jones, sino que también subraya la necesidad urgente de revisar o reformar esta legislación para mitigar su impacto negativo en la economía de Puerto Rico.
