San Juan, Puerto Rico (EFE) – Atropellos contra el derecho de acceso a información y demandas por medios de comunicación y organizaciones de prensa en Puerto Rico contra algunas dependencias gubernamentales forman parte del informe anual publicado este viernes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su asamblea 79.
Según resalta el informe sobre el derecho de acceso a la información, en mayo, el Tribunal Supremo de EE.UU. emitió su opinión en un caso sobre acceso a información pública impulsado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en contra de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
El ente fiscal, creado por el Congreso estadounidense para supervisar la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico y las finanzas públicas de la isla, alegaba que, como entidad dentro del gobierno local, disfruta de «inmunidad soberana».
Más de 30 entidades y 19 profesores de derecho apoyaron al CPI mediante 10 amicus curiae (amigos de la corte).
Sin embargo, en una votación de 8 a 1, el alto tribunal avaló los argumentos de la JSF, en cuanto a que goza de «inmunidad soberana» y no le aplica el derecho constitucional de Puerto Rico de acceso a información pública.
El informe destaca además que el 6 de septiembre, el Departamento de Recursos Naturales también fue impelido ante la Justicia por no ofrecer información pública de la agencia y la Junta de Calidad Ambiental sobre instalaciones en tres municipios.
El Departamento de Salud, por su parte, se encuentra ante los tribunales por incumplir con proveer datos completos sobre mortalidad en los últimos dos años.
Mientras, el periódico «Metro» se vio obligado a recurrir a la Justicia el 11 de julio de 2023, para solicitar al Departamento de Educación información sobre estudiantes que no completaron los requisitos para pasar de grado y datos sobre estudiantes que tomaron clases de verano.
Igualmente, el grupo periodístico GFR Media no pudo obtener información estadística de varias dependencias del Gobierno central, incluyendo los Departamentos de Familia y Seguridad Pública.
Por su parte, el 28 de julio, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó la Ley 75 de 2023, para enmendar el Artículo 2.04 de la Ley 85 de 2018, que crea un programa piloto de enseñanza en el sistema público enfocado en los derechos civiles y constitucionales.
Entre esos derechos están la libertad de palabra y de prensa, derecho a la libre asociación, derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad, derecho a la intimidad, derecho al debido proceso de ley y los derechos de los trabajadores, entre otros.
