Solo el 7% de las 90 entidades evaluadas utiliza herramientas basadas en IA, según el estudio más abarcador realizado hasta la fecha
SAN JUAN, Puerto Rico – La Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico divulgó los resultados de un estudio sobre el cumplimiento de las entidades gubernamentales con las normativas vigentes de gobernanza tecnológica. El análisis reveló la necesidad urgente de ampliar la implementación de inteligencia artificial (IA) en las estructuras del Gobierno, con miras a mejorar la eficiencia, fortalecer la seguridad cibernética, optimizar la gestión de vulnerabilidades y garantizar la continuidad operacional de los sistemas públicos.
El estudio, realizado conforme a las Cartas Circulares Conjuntas OIG-CC-2024-01 y 2024-02, incluyó 90 entidades y sus dependencias adscritas. Según la OIG, se trata del esfuerzo más amplio efectuado en Puerto Rico para medir la madurez tecnológica del aparato gubernamental bajo criterios uniformes.
El informe detalla que solo el 7 por ciento de las entidades utiliza actualmente soluciones basadas en inteligencia artificial para mejorar sus servicios o reducir costos operacionales. Este hallazgo, catalogado como uno de los más significativos, evidencia una amplia oportunidad para avanzar hacia una transformación digital aún no concretada.
La intervención también identificó deficiencias en la seguridad cibernética. Más de 40 entidades no pudieron demostrar evidencia de evaluaciones de vulnerabilidad, lo que limita su capacidad para conocer y atender riesgos tecnológicos. Además, se observó falta de políticas de retención de datos y de encriptación de archivos, ausencia de simulacros para responder a amenazas cibernéticas y carencia de interconexiones efectivas entre sistemas de información.
En cuanto a la accesibilidad y manejo de contenido digital, de las 90 entidades evaluadas, 69 no cuentan con un Sistema de Gestión de Contenido (CMS) y 45 no poseen una evaluación de accesibilidad de PRITS, lo que afecta la calidad y uniformidad de los portales gubernamentales.
No obstante, la OIG destacó algunas áreas con niveles adecuados de cumplimiento, como la gestión de inventarios tecnológicos, la planificación de proyectos y la administración de recursos humanos vinculados a tecnología. Aun así, señaló oportunidades de mejora en la documentación de procesos, evaluaciones periódicas de riesgo, mecanismos de respaldo y modernización de infraestructura.
Los resultados provienen de cuestionarios completados por los oficiales principales de informática (OPI) o funcionarios con funciones similares. El estudio evaluó áreas críticas que incluyen inventario de equipos, licencias de software, planes de adquisición o reemplazo, protección de infraestructura, ciberseguridad e implementación de IA.
El informe, según la OIG, busca guiar a las entidades hacia un uso más eficiente y estratégico de la tecnología, un paso necesario para modernizar los servicios públicos y robustecer la estructura digital del Gobierno.
