SAN JUAN, Puerto Rico
Puerto Rico enfrentaría una reducción cercana al 90 % en fondos federales de Medicaid si el Congreso de Estados Unidos no actúa antes del 30 de septiembre de 2027, según un informe divulgado por la organización Espacios Abiertos.
El estudio, titulado El costo de la incertidumbre: Medicaid en Puerto Rico y las brechas en financiamiento federal, estima que la asignación federal podría disminuir de aproximadamente $4,000 millones a menos de $500 millones. También proyecta que el porcentaje federal de asistencia médica, conocido como FMAP, bajaría de 76 % a 55 %.
Alrededor de 1.3 millones de residentes dependen de Medicaid y el Plan Vital, entre ellos menores, adultos mayores, personas con discapacidades y pacientes con enfermedades crónicas.
“Medicaid es la columna vertebral del sistema de salud en Puerto Rico”, afirmó Angélica Marrero, subdirectora de Investigación de Espacios Abiertos y autora del estudio.
Tres escenarios fiscales
En el escenario de un precipicio fiscal, el Gobierno de Puerto Rico tendría que aportar cerca de $4,849 millones en fondos locales para sostener la cobertura actual. Esa cantidad equivaldría al 35.4 % del Fondo General, de acuerdo con el análisis.
Espacios Abiertos señala que una reducción de esa magnitud podría poner en riesgo la cubierta de entre 700,000 y un millón de personas, además de afectar las finanzas municipales y la estabilidad del sistema de salud.
Un segundo escenario, basado en extender los niveles actuales de financiamiento y ajustarlos por inflación, requeriría una aportación local estimada en $1,396 millones, equivalente al 10.2 % del Fondo General.
El tercer escenario contempla una aportación federal equivalente al 83 % del gasto estimado en Medicaid. Bajo esa alternativa, el impacto fiscal para Puerto Rico se reduciría a aproximadamente 6.6 % del Fondo General y permitiría mantener la cubierta y los servicios actuales.
Recomendaciones
La organización recomendó eliminar el tope anual de financiamiento federal, aplicar a Puerto Rico la misma fórmula de pareo utilizada en los estados y, si se aprueba una extensión temporera, asegurar que dure al menos cinco años y refleje el crecimiento real del gasto.
También exhortó al Gobierno de Puerto Rico, la Administración de Seguros de Salud y el Departamento de Salud a publicar un plan de contingencia, divulgar periódicamente información financiera y de calidad, y estimar el costo de alcanzar plena paridad con los estados.
