Por Eric Santiago Justiniano
Presidente de la Asociación de Industriales
Tras publicarse hoy la renuncia de la secretaria de OGPe, al Supremo declara nulo el Reglamento Conjunto de Permisos 2020, esta situación nos puede lanzar a un “limbo jurídico” de los proyectos de construcción autorizados por los pasados 27 meses, por lo que pudiéramos estar en la antesala de una batalla legal en la que la economía del país pudiera verse afectada.
Puerto Rico se encuentra en una coyuntura complicada para mantener su atractivo como lugar para hacer negocio y fomentar el empresarismo para lograr sustentabilidad económica. Es urgente que Puerto Rico tenga un Reglamento de Premisos que facilite la utilización de los fondos federales hacia la reconstrucción. Un Reglamento que garantice la inversión de miles y miles de jóvenes empresarios, empresas Pymes que luchan por su subsistencia económica.
Necesitamos un Reglamento de Permisos ágil, eficaz, funcional y que cumpla con los requisitos legales que estable el Tribunal Supremo para que miles de inversionistas extranjeros no vean sus proyectos desaparecer por inacción gubernamental. Por años, se llevan debatiendo temas importantes como el tener los mecanismos adecuados para administrarlos.
Ejemplo de esto es la imposibilidad que, desde su creación en el 2010, hace ya más de 13 años, se pueda revisar el Reglamento Conjunto (2015 – nulo, 2019 – nulo, 2020 – nulo y 2023 pendiente). Este reglamento tiene el propósito de aglutinar un sistema integrado de permisos relacionados con el desarrollo y uso de terrenos. Todos los intentos en que se ha pretendido revisar el reglamento han fracasado. Consecuencia de esto es que, se ha creado un ambiente de incertidumbre, inestabilidad, desconfianza y hasta retraso del progreso económico de Puerto Rico. Esto demuestra la incapacidad de la Junta de Planificación de ejercer su rol, ante la falla tan grande de poder consolidar un reglamento válido y efectivo.
Inversionistas locales como empresas interesadas en establecerse en la isla, han sido afectadas, perjudicadas y hasta desalentadas de establecer sus negocios por la falta de transparencia y estabilidad de las regulaciones en el tema de permisos.
Esto, sin mencionar la desmotivación que tienen los inversionistas y empresarios existentes de ampliar, mejorar o incursionar en nuevas oportunidades de negocio por las dificultades que tienen que experimentar para poder lograr sus planes de negocio. Peor aún, con la cantidad importante de fondos federales para la reconstrucción del país y no tener un sistema de permisos simplificado, seguro y confiable, pone en riesgo la capacidad de utilizar adecuadamente y a tiempo esos fondos.
Es una muestra más de la débil capacidad de gobernanza que existe. Esa incapacidad pone en duda la confianza del gobierno federal de que la inversión otorgada para ayudar a Puerto Rico pueda lograr su recuperación. Hoy nos vemos en la posibilidad de que millones de fondos federales no sean utilizados de forma efectiva, y no porque el Congreso o el Ejecutivo Federal nos lo impidan.
El retraso en la otorgación de permisos sigue afectando la competitividad económica de Puerto Rico y nos impide acelerar la implementación de estrategias de crecimiento económico que Puerto Rico necesita urgentemente. Se necesita mayor agilidad, automatización y modernización en los sistemas para todas las dependencias que otorga permisos en la Isla.
Ser la peor jurisdicción dentro de los EEUU en términos de libertad económica nos llama a la urgente acción de implementar tácticas que nos muevan al desarrollo y crecimiento.
Enfatizamos que el sistema de gerencia gubernamental tiene que ser ágil. Dado que nuestro sistema sufre de restricciones a la libertad económica por la significativa intervención y regulación gubernamental, entonces el gobierno tiene que ser ágil y competente.
Las agencias tienen que estar enfocadas a servir al ciudadano con prontitud, siendo unos facilitadores, que estén dirigidas a que los procesos sean sencillos, de fácil acceso y económicamente viables.
La Asociación de Industriales de Puerto Rico por más de 93 años, ha estado dedicada a promover entre el sector privado, comercial e industrial del país, el desarrollo económico, fomentando el estímulo y proveyendo herramientas como la educación para mantener la competitividad de las empresas tanto en Puerto Rico, como a nivel mundial.
En cada uno de los procesos de las propuestas a revisión del Reglamento, Industriales ha participado y ofreciendo de manera voluntaria expertos en los temas recogidos en el reglamento, para ofrecer recomendaciones y educación sobre la importancia de insertar y tomar en consideración a las partes afectadas diariamente con esta regulación. La aceptación de estas recomendaciones ha sido mínima o nula a pesar de que se ha ofrecido el apoyo desinteresado para buscar mejorar el proceso y la administración.
Industriales se coloca a la disposición del país a colaborar incansablemente en la solución de este problema.
