Quito, 29 abr (EFE) – Organizaciones indígenas, religiosas y de Derechos Humanos presentaron este miércoles una acción de protección con medidas cautelares a favor de unas 120,000 personas afectadas por un derrame de crudo, ocurrido el pasado 7 de abril en la Amazonía ecuatoriana.
La medida presentada ante un juez de la Amazonía se adoptó ante «la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, al territorio de los pueblos y nacionalidades así como, a los derechos de la naturaleza», indicaron en un comunicado.
Responsabilizan de la presunta vulneración a los ministerios de Energía y Recursos Naturales no Renovables, de Ambiente, de Salud Pública, así como a la empresa pública Petroecuador y la privada Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
NUEVAS FUENTES DE RECURSOS
«El derrame de crudo es muerte para la biodiversidad y la vida, el Estado ecuatoriano tiene que remediar y suspender todo tipo de actividades extractivas y optar por un desarrollo económico post extractivo», señaló Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae).
En esa línea, formular un llamamiento a fin de buscar otras fuentes para obtener recursos económicos, pues «la gente no vive comiendo petróleo sino de la producción del campo, la producción de los pueblos indígenas y campesinos».
El 7 de abril, se produjo la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano así como de una parte de la tubería del OCP y el Poliducto Shushufindi-Quito, tras el hundimiento de tierra en el sector de San Rafael, lo que ocasionó derrame de crudo en los ríos Coca y Napo, así como, la interrupción de la producción petrolera.
Para Lina María Espinosa, de Amazon Frontlines y parte del equipo legal de los afectados, si bien la ruptura de los oleoductos, «no ha ocurrido por disposición directa de ninguna autoridad, existen una serie de omisiones y negligencias de las entidades demandadas».
Opinó que debió analizarse el fenómeno de erosión regresiva que se ha registrado en la cascada de San Rafael, que está en una zona donde se construyó la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
En el comunicado señalan que «el derramamiento de crudo se pudo prever porque las instituciones estatales y la empresa OCP fueron alertadas por expertos sobre la inestabilidad de la zona», pero «ni el Estado ni la empresa actuó».
TRABAJOS DE CONTENCIÓN
En un comunicado, OCP Ecuador manifestó que ha trabajado «activamente» junto a Petroecuador «en la contención del crudo, abastecimiento de kits alimenticios, remediación ambiental y la construcción de una nueva tubería» para seguir transportando crudo.
«El fenómeno natural no podía ser previsto, por lo que la transportadora de crudo movilizó desde el primer minuto a todo un equipo de expertos y técnicos para iniciar la etapa de contención ubicando barreras a lo largo del río», indicó.
Y agregó que, en coordinación con autoridades locales, realiza brigadas médicas para verificar si existe alguna afectación en las personas.
OCP levantó un informe ambiental inicial para determinar las afectaciones e iniciar la remediación.
Según los indígenas, 105 comunidades, en su mayoría de las nacionalidades Kichwa y Shuar, viven «una triple crisis», debido a la pandemia del COVID-19, las inundaciones en la zona y la falta de alimentos ante la contaminación de sus ríos.
«Ya estamos sufriendo varias enfermedades por el petróleo, ahora además tenemos que afrontar una pandemia. El Estado, nuevamente no nos ha incluido en sus planes de emergencia. Nos sentimos discriminados», dijo Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE).
