Quito, 29 sep (EFE) – La Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae) rechazó este martes la actitud policial de retener durante tres horas a un grupo de indígenas de la etnia kichwa que pretendía presentar una queja a la judicatura, ante el daño causado por un derrame de crudo en abril en la Amazonía.
Carlos Jipa, presidente de la Fcunae, aseguró a Efe que un grupo de policías intentó impedir la llegada a Quito de un grupo de indígenas amazónicos, que pretendían ir al Consejo de la Judicatura para denunciar la actitud de un tribunal judicial de la Amazonía que conoció el caso por el derrame de petróleo.
«Rechazamos este acto de mala fe de la Policía Nacional», que interceptó el autobús de los indígenas en una vía de acceso a la capital y los retuvo unas tres horas, relató.
Además, dijo no comprender la actitud de unos agentes que pretendieron acusarlos por llevar lanzas de madera, que forman parte de sus símbolos culturales.
«No son armas letales ni corto punzantes», como habían alegado los agentes para retenerlos.
Tras la intervención de abogados que patrocinan a los indígenas, pudieron finalmente llegar a las dependencias del Consejo, en el centro-norte de Quito, entregar su queja y realizar un pequeño plantón de protesta, comentó Jipa.
Los indígenas kichwas, algunos con sus caras pintadas y luciendo sus lanzas, exigieron a la judicatura que atienda sus demandas y acusaron a la industria petrolera de afectar sus territorios.
En la Judicatura, la Fcunae entregó un documento en el que se pide investigar y resolver el porqué una corte judicial de la Amazonía aún no ha entregado por escrito el fallo en el que rechazó la demanda de daño ambiental de los indígenas.
Ese aspecto, dijo Jipa, es fundamental para que los afectados puedan presentar otros recursos como la apelación al fallo de la primera instancia.
El pasado 1 de septiembre, el juez Jaime Oña, de la Unidad Judicial Multicompetente de la provincia amazónica de Orellana, negó una demanda de acción de protección por el derrame de crudo ocurrido el 7 de abril, tras la rotura de dos oleoductos (uno estatal y otro privado), que afectó a varios ríos amazónicos.
Según los demandante, unas 27,000 personas se vieron afectadas por el derrame, lo que agravó la situación sanitaria en la región que encaraba en ese momento también el contagio de la pandemia de la COVID-19.
Los afectados demandan la reparación ambiental y la responsabilidad social de las empresas estatal Petroecuador, operadora del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), y de la firma privada Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), cuyas tuberías se rompieron en la zona de San Rafael, en el límite entre las provincias de Napo y Orellana.
El fallo, que en su proclamación fue leído a los demandantes, no les ha llegado por escrito, algo que Jipa consideró como un problema formal pero importante para los demandantes, porque les impide seguir con el debido proceso.
El dirigente indígena manifestó que el Consejo de la Judicatura les ha ofrecido una respuesta en los próximos dos días, y lamentó que la justicia no actúe con la debida diligencia en este tipo de casos donde es gente humilde la que demanda sus derechos.
Asimismo, insistió en que, a su criterio, ha existido «mala fe» por parte de los policías que retuvieron a los indígenas que se trasladaban a Quito para el plantón en la sede del Consejo de la Judicatura, actitud que, opinó, pueda responder a intereses de las petroleras.
Jipa aseguró que esperarán los dos días de plazo que se ha fijado el Consejo de la Judicatura para anunciar su decisión frente al reclamo indígena y recalcó que luego evaluarán nuevas acciones.
