San Juan, 30 nov (EFE) – El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, inauguraron este martes las nuevas unidades especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, las cuales contarán con 48 fiscales especiales para investigar estos delitos.
El Ejecutivo puertorriqueño informó a través de un comunicado que el objetivo es que a partir de ahora estos delitos se traten de una manera más diestra y con un enfoque dirigido a atender las necesidades de las víctimas.
Esta iniciativa comenzó a desarrollarse, hace más de dos décadas, bajo la incumbencia del entonces secretario de Justicia y hoy gobernador Pierluisi, quien, en el mes de agosto del presente año, aprobó una asignación de $3.8 millones para contratar el personal requerido para ampliar las unidades especializadas.
Anteriormente existían cuatro unidades en los distritos judiciales de San Juan, Carolina, Bayamón y Ponce.
Ahora se añaden nueve en Aibonito, Aguadilla, Arecibo, Caguas, Fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez y Utuado.
«Siempre he dicho que el éxito de una sociedad se mide de acuerdo a cómo trata a sus ciudadanos más vulnerables o necesitados. Estas iniciativas son parte de nuestro compromiso de que vamos a asegurar que estamos preparados y tenemos los recursos para atender a las víctimas de violencia de género, delitos sexuales y maltrato a menores de forma sensible y eficaz», dijo Pierluisi.
En menos de dos meses, el Departamento de Justicia reclutó a 48 abogados con designaciones de fiscales especiales, así como al personal de apoyo requerido, lo que incluye a 19 agentes de investigaciones, 16 auxiliares administrativos y 21 transcriptores de investigación legal.
«Desde este mes, cada uno de los 13 distritos judiciales en Puerto Rico cuenta con una unidad dirigida a atender los casos relacionados con la violencia de género, delitos sexuales y el maltrato de menores», indicó el secretario de Justicia.
«Además, nos permitirán aumentar la eficiencia de las investigaciones y uniformar los procesos a través de las fiscalías en toda la Isla. De esta forma, aseguramos que todas las víctimas más vulnerables reciban los servicios necesarios en casos de esta naturaleza», precisó.
