El acusado no prestó una fianza de $1.7 millones y quedó ingresado en prisión mientras se prepara la vista preliminar del caso
SAN JUAN (EFE) – Christian Serrano fue imputado este martes por el asesinato de su hijo de cinco años, ocurrido en Caguas, y quedó ingresado en prisión luego de no prestar la fianza impuesta por la jueza del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, Irmarie Colón.
El hombre enfrenta cargos por violación al artículo 93(a) del Código Penal, asesinato en primer grado, y por violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas. La magistrada encontró causa para arresto en ambos cargos y le fijó una fianza de $850,000 por cada uno, para un total de $1.7 millones, la cual no fue prestada. La vista preliminar fue señalada para el martes, 13 de enero de 2026.
Los hechos ocurrieron en la carretera 789 del sector El Tamarindo, en Caguas, donde Serrano dio muerte a su hijo biológico, Chris Ezequiel Serrano Rodríguez, en la residencia familiar. El crimen fue cometido mediante el uso de un arma blanca. El menor vivía en el hogar junto a su padre y su madre, Elisa Milagros Rodríguez.
Según informó la Policía, la madre del niño salió de la residencia para comprarle medicamentos y lo dejó bajo el cuidado del padre. Al regresar, encontró al menor muerto de forma violenta. Serrano abandonó el lugar en un vehículo Lexus, pero fue arrestado poco después por agentes de la unidad motorizada cerca de un establecimiento Walgreens en la calle Degetau, en Caguas. El arma presuntamente utilizada y el vehículo fueron ocupados como parte de la investigación.
En declaraciones escritas, el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, expresó que el asesinato ha causado profunda consternación dentro del cuerpo policiaco y en el país, al tratarse del nieto de una empleada civil de la Oficina del Superintendente. No obstante, aclaró que el imputado no es hijo de dicha empleada, contrario a información incorrecta divulgada por algunos medios y difundida en redes sociales.
González aseguró que el caso fue atendido con el mismo rigor, compromiso y sentido de urgencia que todos los investigados por la Policía de Puerto Rico, en coordinación con el Departamento de Justicia y el Instituto de Ciencias Forenses. Además, informó que se activaron de inmediato los protocolos de apoyo socioemocional, incluyendo servicios de psicología y capellanía, para acompañar a la familia afectada.
El superintendente indicó que no ofrecerá comentarios adicionales fuera del proceso judicial, con el fin de evitar especulaciones y preservar la integridad del caso.
Por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, afirmó que el Departamento de Justicia procesará el caso con el máximo rigor que dispone la ley y reiteró que no existe espacio alguno para la violencia contra la niñez.
