La organización advierte que los nuevos cargos podrían empujar a Puerto Rico a la pobreza energética y agravar la crisis fiscal del sistema eléctrico
SAN JUAN, Puerto Rico – El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) solicitó formalmente al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que no apruebe el aumento en las tarifas eléctricas propuestas —ni en su modalidad provisional ni permanente— sin antes exigir evidencia rigurosa que demuestre su viabilidad económica.
Según el escrito radicado por ICSE el pasado 25 de julio, tanto la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como sus operadores, LUMA y Genera, han omitido presentar estudios sobre el impacto de las nuevas tarifas en la capacidad de pago de los consumidores y en la economía del país.
“El concepto de una tarifa ‘justa y razonable’ no es posible sin un elemento de asequibilidad”, denunció el licenciado Fernando E. Agrait, representante legal de ICSE. “Aprobar un aumento sin medir su impacto económico sería irresponsable y peligroso, tanto para las familias como para el propio sistema eléctrico”.
La moción, que surge en el contexto del proceso de revisión tarifaria del caso NEPR-AP-2023-0003, señala que los proponentes del aumento no han presentado análisis sobre elasticidad de demanda, efectos en el empleo, inversión, inflación ni sobre el fenómeno creciente de generación distribuida (como la energía solar), que podría acelerar el abandono del sistema por parte de los abonados si las tarifas se tornan impagables.
Advertencia de un colapso por “espiral de muerte”
Uno de los planteamientos centrales de ICSE es que un alza desmedida podría provocar una “espiral de muerte” financiera: los aumentos reducen el consumo, lo que disminuye los ingresos del sistema y provoca nuevos aumentos para compensar las pérdidas, incentivando aún más el éxodo de clientes hacia fuentes de energía alternas.
Esta preocupación ya había sido planteada por expertos ante el Tribunal Federal que atiende la quiebra de la AEE bajo el Título III de PROMESA. En ese proceso, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) argumentó que dedicar más del 6% del ingreso familiar a energía eléctrica constituye un umbral de pobreza energética. Aún así, estudios de la propia Junta mostraron que ese límite sería superado en 23 de los próximos 28 años si se implementaba un aumento de apenas 2 centavos por kWh. El aumento ahora propuesto por LUMA es, según ICSE, significativamente mayor.
Interrogantes esenciales y falta de oposición oficial
ICSE exhorta al NEPR a solicitar análisis sobre cuatro áreas fundamentales: el porcentaje de ingreso familiar destinado a energía (“share of wallet”), elasticidad de la demanda, efectos económicos en cadena y el impacto de la emigración y la generación distribuida. Sin embargo, según la organización, hasta el momento los únicos que se han opuesto a que se presente esta evidencia han sido los bonistas.
“La oposición de los bonistas implica que no se estaría asegurando que la tarifa pueda pagarse, eliminándose toda garantía de que la AEE pueda salir de su situación de quiebra”, apuntó Agrait.
Llamado a repensar las alternativas
ICSE plantea que, de no existir viabilidad económica para sustentar las tarifas necesarias para el pago de deuda, el gobierno debería considerar alternativas más radicales, como la adquisición de los activos de la AEE para crear una nueva corporación pública sin deudas.
“El proceso tarifario no puede divorciarse de la realidad económica del país ni de los planteamientos que la Junta, en representación de la AEE, ha hecho durante años en el tribunal federal”, insistió Agrait.
Con esta moción, ICSE busca forzar al NEPR a tomar en cuenta no solo las exigencias fiscales y operacionales de las entidades administradoras del sistema eléctrico, sino la capacidad real del pueblo puertorriqueño para costear dicho servicio esencial sin caer en la precariedad energética.
