San Juan, Puerto Rico – El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico (ICSE) presentó nuevamente un recurso ante el Tribunal de Apelaciones impugnando la validez del esquema de aumentos implementado por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) desde junio de 2022.
La acción legal del ICSE coincide con la entrada en vigor de nuevas alzas a servicios esenciales como el agua (2%) y la luz, generando un debate público entre diversos sectores y asociaciones profesionales del país.
“Es un alza en costos que aplica a todo el mundo: tanto al consumidor como al sector empresarial, lo cual a su vez afecta ulteriormente al consumidor debido a que los costos de utilidades forman parte de los precios de los bienes y servicios que adquieren”, expresó José Pou Román, investigador jurídico principal del ICSE.
“Los abonados de la AAA son clientes de una corporación pública que registra pérdidas de agua del 65 %. Por lo que deben tener mecanismos efectivos disponibles para no tener que pagar por las deficiencias operacionales que le son cobradas en sus tarifas. La necesidad es mayor cuando se trata de aumentos a servicios básicos monopolizados por el Estado”, añadió Pou.
El ICSE inició procesos legales en julio de 2022, continuando hasta el presente, cuestionando la falta de consulta ciudadana y transparencia en los aumentos tarifarios impuestos por la AAA.
“Dentro del esquema tarifario actual, estos aumentos pueden continuar año tras año sin la consulta del consumidor y de los sectores productivos del país”, afirmó Pou, haciendo referencia al incremento adicional del 2% que entró en vigor este mes, sobre el 5% implementado en 2022.
El recurso del ICSE ante el Tribunal de Apelaciones plantea que la AAA debe regirse por la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes (LPAU), garantizando participación ciudadana, transparencia y procedimientos claros para la revisión judicial de tarifas.
“Es incorrecto que una agencia pueda evadir el escrutinio de las Cortes sobre sus acciones. En Puerto Rico se presume que los Tribunales siempre tienen jurisdicción para revisar las decisiones de las agencias como la AAA”, explicó Pou.
En caso de que el Tribunal acoja el recurso del ICSE, la AAA deberá celebrar un nuevo procedimiento de revisión bajo la LPAU, permitiendo a los ciudadanos presentar evidencia, confrontar testigos y acudir al Tribunal en caso de inconformidad con la nueva revisión tarifaria.
Este proceso no solo facilita el diálogo, sino que permite una influencia directa sobre la gestión pública, asegurando un sistema más justo y transparente para todos los puertorriqueños.
