La organización denuncia que el análisis de FTI Consulting calcula supuestos ahorros que el propio documento admite que no se pueden verificar
SAN JUAN, Puerto Rico – El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) criticó este lunes el contenido del informe preparado por FTI Consulting, divulgado ayer por orden judicial, que recomienda eliminar los incentivos de desempeño del contrato de Genera PR y reemplazarlos por un pago fijo de $110 millones.
El informe fue entregado originalmente en febrero de este año a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (P3) y al Negociado de Energía como parte de una propuesta de enmienda al contrato de operación y mantenimiento de las plantas de generación eléctrica. Según sus autores, pagar los $110 millones sería más económico que mantener los incentivos vigentes, porque estos podrían costar entre $322 millones y $644 millones si Genera alcanzaba la totalidad de sus metas de eficiencia y ahorro durante los próximos 10 años.
El documento detalla que estos incentivos incluyen pagos por reducción de costos operativos, disponibilidad de las unidades generadoras, cumplimiento ambiental y optimización del uso de combustible. Cada categoría tiene un incentivo máximo, con un tope anual de $100 millones que se acumula si no se paga en su totalidad cada año.
Sin embargo, el informe también admite que estos incentivos son difíciles de medir. Entre las razones que menciona están que las pruebas de desempeño requeridas para calcular con precisión los ahorros no se han podido realizar por falta de generación disponible, problemas operativos y la necesidad de mantener las plantas funcionando. A pesar de esa limitación, FTI Consulting elaboró proyecciones que estiman el valor presente neto de los incentivos, como si fueran totalmente alcanzables durante la vida del contrato.
Para el ICSE, esta contradicción hace que el análisis carezca de fundamento confiable. “Lo más sorprendente del Informe FTI es que justifica la enmienda al contrato alegando que no hay forma de medir los incentivos, y acto seguido pretende evaluar el beneficio de eliminar esos mismos incentivos usando ahorros proyectados totalmente arbitrarios. Es un análisis circular e insostenible: no se pueden medir los incentivos, pero sí se puede calcular su valor presente como si fueran plenamente alcanzables. Incluso el propio informe admite que esos ahorros son inverificables”, afirmó José Pou Román, asesor legal de la organización.
La propuesta de pago fijo quedó finalmente sin efecto. La semana pasada, el Negociado de Energía determinó que Genera PR no aceptó varias condiciones esenciales, como la obligación de presentar una fianza de cumplimiento que protegiera al sistema eléctrico. Ante la falta de un acuerdo final aprobado, se ordenó la devolución de $40 millones que ya se habían cobrado a los consumidores mediante la factura de luz.
El Instituto señaló que el acceso al informe es clave para que los ciudadanos puedan entender las decisiones que afectan la tarifa eléctrica. Según Pou Román, el caso evidencia la necesidad de transparencia en todo proceso que implique cambios en contratos públicos y pagos con fondos de los abonados.
