El portavoz del PPD en la Cámara presentó una resolución para indagar alegadas presiones en contrataciones y procesos internos de la agencia
SAN JUAN (EFE)
El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer, presentó este martes una resolución para investigar presuntas intervenciones indebidas de La Fortaleza en procesos internos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
«La renuncia del secretario Sebastián Negrón Reichard, acompañada de denuncias públicas sobre presiones e intervenciones desde La Fortaleza, representa un asunto sumamente serio que no puede quedar sin investigar. Queremos saber si se utilizó el poder gubernamental para intervenir ilegalmente en procesos administrativos y de contratación dentro del DDEC», expresó en un comunicado Ferrer.
La resolución de la cámara 707 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara realizar una investigación sobre las alegadas intervenciones en procesos competitivos de contratación, particularmente en solicitudes de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) dentro de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).
Así como sobre decisiones relacionadas al nombramiento y manejo de personal en el DDEC y sus entidades adscritas.
«El propio exsecretario del DDEC alegó públicamente que las acciones tomadas por La Fortaleza hacían imposible ejercer el cargo con la autonomía e integridad que exige la ley. Además, hemos visto una ola de renuncias de funcionarios de alto nivel dentro de la agencia, lo que evidencia una profunda crisis institucional», sostuvo el portavoz popular.
Ferrer cuestionó además quiénes están tomando decisiones dentro del DDEC y hasta dónde llegaron las intervenciones de Fortaleza en los procesos internos de la agencia.
El legislador indicó que la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad constitucional de fiscalizar la ejecución de la política pública y garantizar que las agencias gubernamentales operen libres de presiones político-partidistas o intereses particulares.
«No podemos permitir que el DDEC, una agencia clave para el desarrollo económico del país, continúe sumido en luchas de poder y controversias relacionadas con contratos y favoritismos», sentenció Ferrer.
La resolución faculta a la Comisión de Gobierno a citar testigos, requerir documentos y realizar vistas públicas como parte de la investigación, la cual deberá culminar con un informe final y recomendaciones dentro de un término de 180 días.
