Luis Rivera Ortiz reclamó la intervención del secretario de Recursos Naturales y disputó la extensión del terreno presuntamente afectado
SAN JUAN, Puerto Rico — El presidente de Hacienda Campo Rico y Caribbean Golf Academy, Luis Rivera Ortiz, cuestionó este lunes el testimonio ofrecido por un funcionario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ante una comisión del Senado sobre la expansión del vertedero municipal de Carolina.
Rivera Ortiz solicitó la intervención del secretario del DRNA, Waldemar Quiles, al alegar que las expresiones de Pedro Guevara, director de la División de Permisos de la Oficina de Cumplimiento, provocaron confusión sobre las protecciones legales de los terrenos y la cantidad de cuerdas presuntamente afectadas.
El planteamiento está relacionado con las vistas de la Comisión de Agricultura, Turismo y Recursos del Senado de Puerto Rico sobre la operación del Sistema de Relleno Sanitario de Carolina y su expansión mediante la denominada Celda C.
Según Rivera Ortiz, Guevara indicó que la operación había afectado cinco cuerdas de una zona de amortiguamiento. El empresario sostiene, por el contrario, que la expansión realizada por el Municipio de Carolina y el operador Landfill Gas Technologies alcanzó cerca de 17 cuerdas.
“Sin presentar un mínimo de evidencia, el director de Permisos del DRNA dijo que el Municipio solamente ha impactado cinco cuerdas de la Zona de Amortiguamiento con la expansión del vertedero”, expresó Rivera Ortiz.
También rechazó el planteamiento atribuido a Guevara de que el terreno había perdido parte de su valor ecológico debido a una actividad previa de cantera. Rivera Ortiz aseguró que nunca existió una cantera en el lugar y que las 35 cuerdas que componen la zona de amortiguamiento continúan protegidas.
Cuestiona los métodos de inspección
Rivera Ortiz señaló que el DRNA no habría realizado una mensura para determinar con precisión si la operación del vertedero sobrepasó la huella autorizada. Agregó que el funcionario mencionó el uso de fotografías aéreas, pero afirmó que estas no fueron presentadas durante la vista.
La transcripción suministrada de la vista legislativa recoge que funcionarios de la División de Cumplimiento realizan inspecciones periódicas en el vertedero. Los inspectores explicaron que revisan las distintas áreas de la instalación, los tanques de lixiviados, el funcionamiento de las bombas y la vigencia de los permisos.
También declararon que, al atender una querella por un brote de lixiviados, su intervención consistió en una inspección ocular. Indicaron que los informes de muestreo son sometidos al DRNA por el operador y evaluados posteriormente por otro personal de la agencia.
Rivera Ortiz afirmó, además, que el terreno cuenta con protecciones derivadas de su zonificación y de legislación relacionada con el carso, las cuevas y cavernas, los recursos de agua, la vida silvestre y el Área de Planificación Especial del Bosque Estatal de Piñones.
“El secretario del DRNA tiene un deber ministerial de atender este asunto”, manifestó el empresario, quien aseguró que lleva cuatro años reclamando en los tribunales los permisos aplicables a la zona de amortiguamiento.
Rivera Ortiz dijo que no se opone a la operación del vertedero siempre que cumpla con las leyes y los reglamentos. Su objeción, indicó, se concentra en la alegada expansión hacia terrenos de valor ecológico y en el posible impacto sobre su proyecto ecoturístico.
EyBoricua ha cubierto previamente la controversia, incluido el momento en que el Tribunal devolvió al DRNA el caso del permiso y la posterior pesquisa legislativa sobre el vertedero.
