El contratista Edgardo Navarro Suárez, que es hermano del representante novoprogresista Jorge “Georgie” Navarro Suárez, consiguió casi $13 millones en contratos para reparar escuelas, y en siete años llegó a acumular $14.5 millones en contratos gubernamentales con diferentes agencias
Por Tatiana Díaz Ramos
Centro de Periodismo Investigativo
La empresa JCA Development Inc., incorporada y presidida por Edgardo Navarro Suárez, acusado este jueves por cometer fraude y lavado de dinero con fondos federales asignados para la emergencia del COVID, ha tenido 50 contratos con agencias públicas desde el 2017 hasta el año pasado.
Más de la mitad están relacionados a trabajos de reparación y reconstrucción de escuelas públicas. Edgardo es hermano de Jorge Navarro Suárez, representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) por el distrito que componen los municipios de Aguas Buenas, San
Juan
Según el pliego acusatorio, Edgardo junto a su otro hermano, Ricardo Luis, se apropiaron de más de $2 millones de fondos asignados bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES por sus siglas en inglés) entre mayo de 2020 y noviembre de 2021. Ricardo también aparece como representante de JCA Development en algunos de los 50 contratos suscritos con el Gobierno de Puerto Rico.
La empresa reportó un capital de casi $3 millones en el 2023.
Entre las agencias involucradas en la habilitación de las estructuras escolares se encuentran el Departamento de Educación (DE), la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), la Oficina para el Mantenimiento de Escuelas Públicas (OMEP) y la Autoridad
para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI). Entre las cuatro entidades JCA Development Inc. se agenció $12,967,339.76 en contratos.
Aunque la AFI le otorgó mayor cantidad de contratos a JCA Development, la corporación hizo más dinero con el DE por el monto al que ascendieron los contratos que se le otorgaron. De los casi $13 millones en contratos con las cuatro entidades gubernamentales, la corporación de Navarro Suárez ganó $10,212,156 en tan solo seis contratos entre 2022 y 2024 con el DE. De esas seis contrataciones, cuatro fueron sufragadas con fondos asignados por la pandemia.
Contratos con agencias de gobierno:
De una revisión de los contratos con Educación se desprende que los trabajos de JCA Development en 17 escuelas incluyeron impermeabilización de techos, pintura, ornato, reparaciones menores para baños y techos acústicos, y mantenimiento preventivo.
El único contrato con la OMEP, por $418,124, fue para pintura, ornato, reparaciones generales, de plomería y eléctricas, en la Escuela Fernando González Malavé de Ponce. Con la AEP, la compañía de los Navarro Suárez obtuvo dos contratos para
reparar columnas de las Escuelas Berwind, superior y elemental, del Municipio de San
Juan.
El representante aseguró que nunca usó su posición para que sus hermanos obtuvieran contratos con el gobierno. “Ellos son contratistas antes de yo ser legislador.
A eso se dedican y de eso viven”, dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). En el registro de corporaciones del Departamento de Estado, la compañía incorporada en 2013 por Edgardo Navarro Suárez tiene una lista de propósitos, tales como: construcción general, consultoría en el proceso de administración o adquisición de bienes inmuebles privados o gubernamentales; diligenciar documentos, subastas, contratos, inversión y desarrollo económico; y hasta hacer relaciones públicas y con la
comunidad, prensa y publicaciones.
Además de los contratos para las reparaciones en las escuelas, JCA obtuvo un contrato con la Universidad de Puerto Rico (UPR) por $241,358 para la rehabilitación de ocho baños en un edificio de la Administración Central.
También consiguió contratos con el Departamento de Agricultura y dos de sus dependencias por $345,137, otros $364,500 con el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales y $193,708 con la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico
y Comunitario de Puerto Rico. Además firmó un contrato de $417,000 con el Municipio de Aguas Buenas, que es representado en la Cámara de Representantes por su hermano Jorge y otro por $102,084 con la Administración de Servicios Generales.
