Bernardo Arévalo de León denunció que el Ministerio Público imputó delitos menores a presuntos pandilleros tras la matanza de diez agentes
Ciudad de Guatemala (EFE) – Los cuerpos de dos de los 10 policías asesinados el domingo pasado en Guatemala fueron velados este martes en el oeste del país centroamericano, mientras el presidente Bernardo Arévalo de León manifestó su indignación por los fallos del Ministerio Público (Fiscalía) contra los presuntos sicarios.
Entre lágrimas, los familiares de Frallan Medrano Pernillo y Claudia Muñoz Ramos les dieron el último adiós en el departamento (provincia) de Jutiapa, a unos 120 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.
Medrano Pernillo, de 26 años, fue velado en el municipio de San José Acatempa, mientras que Muñoz Ramos (28), en el municipio El Jícaro, donde fue enterrada por la tarde.
«Este dolor no se lo recomiendo a nadie. Ella (Muñoz Ramos) entró a la policía con el gran anhelo de sacar adelante a su familia», contó a EFE Manuel Godoy, cuñado de la agente. «No hay palabras para expresar este gran dolor», dijo con tristeza.
También un vecino de la agente en Jutiapa, quien se identificó como Marvin, contó a EFE que era «una persona dedicada al servicio» y que tenía pensado en algún momento «cambiar de trabajo».
El féretro de Muñoz Ramos fue acompañado por unas 500 personas.
Los diez policías asesinados, incluido uno que en las últimas horas perdió la vida tras permanecer dos días en estado grave, fueron atacados el domingo por presuntos pandilleros en represalia de que las autoridades tomaran el control de tres prisiones donde se registraron motines el sábado.
Los atentados tuvieron lugar de manera coordinada el domingo por la mañana en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala.
Denuncia del presidente
Algunos de los nueve presuntos pandilleros detenidos como supuestos sicarios de la matanza fueron puestos a disposición de un juez el lunes por la tarde y el resto podría continuar su primera declaración entre hoy y mañana.
Sin embargo, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, denunció el lunes por la noche que el Ministerio Público ha protegido judicialmente a algunos de los acusados por los asesinatos.
«Es un insulto a los policías asesinados, a sus familias, al pueblo de Guatemala», expuso el gobernante mediante sus canales oficiales de comunicación.
Arévalo de León puntualizó que el Ministerio Público, bajo el mando de la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo fuertes señalamientos de corrupción desde hace tres años, acusó solamente por delitos menores a los presuntos asesinos de los policías.
«En lugar de perseguir con rigor a quienes asesinaron cobardemente a los agentes de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público optó por protegerlos, pidiendo únicamente que fueran ligados por portación de armas y drogas, ignorando los delitos graves vinculados a sus actos terroristas», aseveró el mandatario.
Uno de los nueve detenidos por la matanza, identificado como Harol Salguero, de 19 años, fue presentado el lunes ante un juez, pero fue solamente acusado por tenencia de armas y promoción de la drogadicción.
Al respecto, el Ministerio Público indicó en un comunicado de prensa que «el proceso penal se encuentra en sus primeras fases» y que ello «no lo exonera» de otros cargos.
Debido a la ola de violencia, Arévalo de León declaró el domingo por la noche un estado de sitio que se extenderá por 30 días y que permite a las autoridades hacer arrestos sin orden judicial.
El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada ‘Renovación I’ y les cesaron sus privilegios en Administraciones anteriores.
