San Juan, 3 sep (EFE) – La organización Nautas por Puerto Rico que reúne a algunos representantes y portavoces de la industria náutica y marinas en Puerto Rico, enviaron una carta a la Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, para solicitar que se autorice la utilización de embarcaciones para fines recreativos con restricciones, basados en el derecho al disfrute de la propiedad estipulado en la Sección 7 de la Constitución.
La Orden Ejecutiva vigente hasta el 11 de septiembre, prohíbe la utilización de las mismas.
«Con la restricción absoluta establecida a la navegación con fines recreativos, se está privando a la ciudadanía sin el Debido Proceso de Ley, de su libertad y del uso y disfrute de su propiedad. Ello se está haciendo de manera confiscatoria y discriminatoria cuando se compara con clasificaciones similares tanto relacionadas al uso y disfrute de propiedad, tales como vehículos de motor o transporte, como de actividades de riesgo de contagio y propagación del COVID-19», así lo planteó Faustino García, portavoz del grupo, en un comunicado.
García señaló que la orden ejecutiva vigente no ha prohibido el uso de vehículos de motor u otros medios de transporte, en ningún momento, ni se ha establecido una restricción total y absoluta al uso de estos, incluyendo los llamados todo terreno o «four tracks», aviones y/o avionetas para fines comerciales o recreativos.
«Los nautas en Puerto Rico, incluyendo a toda la industria náutica en general, hemos sido afectados por las medidas que se han tomado, restringiendo de manera total y absoluta la pesca y navegación recreativa», indicó.
«Reconocemos que nuestro ordenamiento jurídico faculta a la Gobernadora a promulgar Órdenes Ejecutivas, más aún como respuesta a una situación de emergencia. Inclusive, en una situación de emergencia se pudieran suspender derechos constitucionales. Ahora bien, ello no quiere decir que se pueda hacer indefinidamente, máxime cuando en el artículo II, sección 7 de nuestra Constitución reconoce como derecho fundamental del ser humano el disfrute de la propiedad, entre otros», denunció.
Se estima que la industria náutica aporta millones a la economía y crea más de 10,000 empleos.
«El no utilizar las marinas y la prohibición del tráfico de embarcaciones, trae como resultado la escasez de empleo y paralización de un sector de la economía al quedar inexistentes las labores que se realizan en las marinas y guarderías y se afecta el consumo en comercios relacionados a estas actividades», mencionó.
Entre las recomendaciones enviadas a la Primera Ejecutiva, el grupo incluyó el uso limitado a los días y horarios establecidos en la Orden Ejecutiva, siempre y cuando la embarcación esté ocupada solamente por miembros del mismo núcleo familiar inmediato y acatando las medidas de rigor, entre ellas, anclaje en 150 pies o más de cualquier banco de arena o cayo.
En el caso de embarcaciones que tengan contratado un capitán y tripulación, se permitirá, siempre y cuando utilicen mascarillas en todo momento.
Por su parte, Ricardo Jaen, quien pertenece al grupo de trabajo ciudadano y es miembro de la organización, señaló que la práctica de la navegación marítima de manera recreacional al igual que la pesca son modalidades que se hace al aire libre, en núcleos familiares pequeños donde todos se conocen y conocen la condición de salud.
«Es de todos conocidos que las actividades al aire libre dentro de los focos de contagios es la menos propensa a que esto suceda. Entendemos el momento por el que atraviesa la Isla y reconocemos que debemos tomar medidas. Al igual que se ha hecho con otros sectores del país, estamos
