San Juan, 16 abr (EFE News) – El coordinador del grupo de trabajo médico para luchar contra el COVID-19 del gobierno de Puerto Rico, Segundo Rodríguez, estimó en un momento dado en la isla pudiera haber entre 640,000 a 1.3 millones casos positivos por COVID-19.
Así lo afirmó Rodríguez en una carta escrita a los presidentes de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, y del Senado, Thomas Rivera Schatz, en relación a la controversia con la compra frustrada de 1 millón de pruebas rápidas de Civid-19 a la compañía APEX General Contractors por 38 millones de dólares.
«En esta etapa de la búsqueda de pruebas, el estimado de personas contagiadas en Puerto Rico era de 640,000 a 1.3 millones, basado en estadísticas de otros países, como España, China e Italia», estipuló Rodríguez en una carta divulgada este jueves.
En relación a la controversia, Rodríguez agregó en la misiva que al grupo médico «se nos presentó una información por parte del personal de compras del Departamento de Salud, en el cual afirmaron, que esta compañía, APEX, tenía la capacidad de proveer un millón de pruebas rápidas en cinco días puestas en Puerto Rico».
«Ante esta opción presentada por el Departamento de Salud, el grupo de trabajo médico no tuvo objeción», aseguró Rodríguez, cirujano de profesión y rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.
Igualmente,dijo que la entonces secretaria interina del Departamento de Salud Concepción Quiñones de Longo, «estuvo al tanto de todos estos esfuerzos».
Dijo además que «el grupo de trabajo médico ha recibido múltiples llamadas y mensajes de diversos suplidores que desean ofrecer sus equipos, tales como pruebas COVID-19, ventiladores, mascarillas y guantes».
La carta detallada surge un día después de que Rodríguez solicitara que se le cite en las vistas públicas que se realizan para investigar la compra frustrada de un millón de pruebas de COVID-19, efectuadas por el Departamento de Salud.
«Considero meritorio aclarar la información que se ha divulgado recientemente», aseguró Rodríguez.
Según el galeno, «se ha querido dar la impresión de que hubo una intención de lucro como resultado de esta transacción, y una intervención indebida en el proceso».
«Eso es completamente falso. La única motivación en la recomendación de la adquisición de pruebas ha sido que se adquieran con prontitud para que todas las personas que den positivo puedan ser aisladas y romper así la cadena de contagio», añadió.
«La responsabilidad de garantizar el funcionamiento de las pruebas, determinar si el costo era razonable y si la entidad vendedora contaba con el peritaje para cumplir con los requisitos legales y procesales para hacer este trámite le correspondía a la entonces secretaria del Departamento de Salud», ahondó.
