Energy Transfer exige $300 millones en un juicio que podría llevar a la ONG a la quiebra
Nueva York (EFE) – El juicio en Estados Unidos por la demanda de la empresa Energy Transfer (ET) contra Greenpeace, que exige $300 millones por unas protestas contra un oleoducto y amenaza la quiebra de la organización ecologista en el país, empezó este lunes con la selección del jurado.
ET, dedicada al transporte de gas natural y propano, reclama a Greenpeace una compensación por los daños causados por «incitar» a las protestas de la tribu sioux de Standing Rock en 2016 contra la construcción del oleoducto Dakota Access, en el norte del país, que retrasaron el proyecto y elevaron los costes.
Greenpeace ha negado las acusaciones y ha alegado que simplemente apoyó esas protestas.
Según el diario local North Dakota Monitor, el juicio durará unas cinco semanas, contando un par de días de selección de jurado, y al inicio de la sesión de hoy, en la que entró un primer grupo de 30 candidatos, el juez James Gion señaló que el proceso tendrá «un gran impacto en mucha gente».
En un comunicado, la ONG detalló que hoy acudieron al tribunal del Norte de Dakota donde se dirime el caso representantes de Greenpeace International (GPI) y de dos entidades de Greenpeace en EE.UU., y que los intentos de medios y ONG para garantizar un mayor acceso y transparencia no han dado frutos.
El diario local señala que Gion ha rechazado las peticiones de los medios para hacer fotografías o grabar dentro de la sala, y también ha rechazado solicitudes para que el proceso se pueda seguir en directo.
El principal asesor legal de Greenpeace en EE.UU., Deepa Padmanabha, dijo en su nota que el caso, además de afectar a la ONG, puede «establecer nuevos precedentes legales peligrosos que puedan hacer a cualquier participante en protestas susceptible de ser responsable de las acciones de otros» en estas.
El caso se ha denunciado como un ejemplo de Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), un tipo de litigio civil cada vez más utilizado por corporaciones, políticos y otros grupos poderosos contra activistas, opositores o periodistas, entre otros.
La abogada principal de la organización internacional, Kristin Casper, destacó hoy el apoyo de todo el mundo, incluida una carta abierta que pide el fin del caso, y adelantó que además de litigar intentará recuperar los costes del proceso mediante «procedimientos legales en Países Bajos», donde tiene su sede.
