Atenas (EFE) – El comienzo de la temporada turística estival en Grecia va a poner aprueba la eficacia de una ley que sanciona duramente la ocupación ilegal de playas públicas y la destrucción del ecosistema natural por parte de chiringuitos.
La norma, aprobada el pasado febrero, contempla multas de hasta 60,000 euros para los propietarios de locales costeros que ocupen más área de playa de la que les ha sido concedida, una práctica común, especialmente en las islas más turísticas.
La ley, impulsada por el Gobierno conservador en reacción a un movimiento ciudadano de protesta, prevé el uso de drones y satélites de vigilancia.
La norma ha designado también 198 «playas vírgenes», pertenecientes a Natura 2000, una red ecológica europea, en las que no se permite ningún tipo de actividad empresarial.
Por ver queda si la Administración dispone de suficientes recursos, especialmente inspectores, para controlar la aplicación de la norma en un país con 14.000 kilómetros de costa.
El movimiento de la toalla
La reforma fue aprobada después de que el verano pasado varios movimientos ciudadanos se alzaran en zonas turísticas, hartos de la invasión del espacio público en las costas.
Con sus toallas y pancartas en las manos, y ante los estupefactos turistas, habitantes de varias islas griegas, como Paros o Naxos, empezaron a protestar en las playas, en lo que los medios griegos llamaron el ‘movimiento de la toalla’.
La ley establece que al menos el 50% de cada playa debe permanecer libre de sombrillas y tumbonas, y que la superficie total de cada concesión no puede exceder los 500 metros cuadrados, lo que en muchas ocasiones se incumple, especialmente en las islas más turísticas.
«Desde hace décadas vemos la impunidad y la ilegalidad frente a nuestros ojos», dice a EFE Eleni Andrianopulu, miembro del movimiento ‘Salven las Playas de Naxos’, que nació y vive en esta isla del archipiélago de las Cícladas.
Según señala, la gota que derramó el vaso el año pasado fue que algunos empresarios empezaron incluso a alejar a los bañistas que ponían sus toallas cerca de las tumbonas de alquiler para estar al lado de la orilla.
«Llega el verano y se nos acaba la vida» dice a EFE Marta Reduello, una española que lleva 20 años viviendo en la isla de Paros, también en las Cícladas, desde donde empezó el movimiento de la toalla.
Según Reduello, la movilización de los ciudadanos el año pasado «surgió de la hartura» de vecinos, que sienten que «la isla va en una dirección que no han elegido» y que beneficia «solo a una minoría».
Junto con otros residentes de Paros, la española y su marido griego, Nikolas Stefanu, empezaron el ‘Movimiento de Ciudadanos de Paros para Playas Libres’ para denunciar la invasión del espacio público y movilizar a las autoridades.
Daños a playas protegidas
Además de la invasión del espacio público, los propietarios de algunos locales intervienen también en el ecosistema litoral.
El año pasado, en la playa de Plaka en Naxos, perteneciente a Natura 2000, un empresario sacó unas placas de piedra que se encontraban a lo largo de la orilla para que sus clientes pudieran entrar al agua con mayor facilidad.
Eso provocó que la orilla disminuyera, ya que esas estructuras actuaban de rompeolas para reducir la erosión.
Este mayo, ya aprobada la nueva ley, en la misma playa, un desconocido empezó a alisar con un tractor la arena, en un período en el que tiene lugar la reproducción de las tortugas marinas en la zona.
Pocas esperanzas
Aunque tras las protestas del año pasado en la isla de Paros, algunos chiringuitos que funcionaban sin autorización fueron cerrados, Stefanu no cree que la nueva ley sirva de nada y adelanta que «este verano será como el anterior».
«Se pondrán las denuncias pero la cosa no irá más lejos porque no habrá nadie para hacer la inspección», lamenta.
Según recalca, el departamento responsable de inspeccionar las Cícladas cuenta con tan solo tres empleados.
No obstante, el Gobierno promete que aplicará mano dura esta temporada con un nuevo mecanismo de inspección mixto, formado por inspectores y la Policía.
Además, ha creado una aplicación llamada ‘Mi costa’ donde los ciudadanos pueden ver mediante fotografías aéreas exactamente cuanto terreno ha sido arrendado por el Estado a cada local y denunciar infracciones.
En lo que va de año, y todavía sin que haya empezado la alta temporada turística, ya se han presentado unas 600 denuncias, 100 de ellas en las Cícladas.
por Diego Saez Papachristou
