PRFAA asegura que hay fondos y un plan de acción; el PPD denuncia falta de liderazgo y exige medidas concretas
SAN JUAN, Puerto Rico — En medio del cierre parcial del gobierno federal estadounidense, la controversia política ha escalado entre la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón y miembros del opositor Partido Popular Democrático (PPD), quienes acusan al Ejecutivo de inacción y negligencia ante los recortes que afectan a programas como WIC, clave para miles de familias puertorriqueñas.
Desde la capital federal, la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Gabriella Boffelli, rechazó las acusaciones vertidas por figuras del PPD, a quienes señaló de “sembrar confusión y desinformación” con alegaciones infundadas. Boffelli insistió en que el Gobierno de Puerto Rico ha actuado con responsabilidad y transparencia frente a la amenaza del cierre.
“La administración de la gobernadora Jenniffer González Colón ha trabajado activamente para proteger los servicios esenciales en la Isla. Desde PRFAA hemos mantenido informado al pueblo semanalmente… garantizando acceso a información real, clara y actualizada”, expresó Boffelli, al tiempo que enfatizó que es “completamente FALSO que el Gobierno de Puerto Rico carezca de un plan de acción ante el cierre del gobierno federal”.
Según explicó, incluso antes de que se concretara el cierre, se llevaron a cabo reuniones estratégicas para mitigar sus posibles efectos en la Isla. Boffelli subrayó que los programas federales mandatorios como Medicare, Medicaid, Seguro Social y el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) operan con normalidad. En cuanto a programas no mandatorios como el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC), reconoció que enfrentan restricciones presupuestarias, pero aseguró que la administración ya identificó fondos estatales para evitar interrupciones en sus servicios.
El secretario de Salud, Dr. Víctor Ramos, también ha reiterado públicamente que se han tomado previsiones para cubrir cualquier brecha financiera en el WIC. “Ningún participante ni comerciante adscrito al programa WIC en Puerto Rico se verá afectado”, afirmó.
Sin embargo, en la Isla, las críticas no se hicieron esperar.
El secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame, y la representante Sol Higgins —quien presidió la Comisión de Salud de la Cámara— cuestionaron la falta de un plan claro por parte del gobierno. Apuntaron directamente a lo que describieron como una prioridad mal enfocada de la administración de González Colón, acusándola de atender actividades político-partidistas en lugar de presentar soluciones concretas ante la crisis federal.
“A pesar de las advertencias por parte del comisionado residente Pablo José Hernández Rivera sobre la necesidad de que el gobierno se preparara… la gobernadora y el secretario de Salud decidieron festejar en la Asamblea del PNP en vez de atender los recortes al programa WIC”, denunciaron en una declaración conjunta.
Calderón Cerame y Higgins destacaron que, mientras “el PNP estaba de fiesta”, el presidente del PPD trabajaba junto a la Junta de Gobierno del partido y las delegaciones legislativas para promover medidas de mitigación que no requieren aval del Congreso federal. Entre estas propusieron moratorias en pagos de hipotecas, rentas y servicios esenciales para empleados y contratistas federales, además de la creación de un fondo de emergencia para ofrecer préstamos sin interés o ayudas directas a las familias afectadas.
“Es inaceptable que el gobierno del PNP se vaya de fiesta mientras el país lidia con aumentos en servicios esenciales y recortes en ayudas directas a las familias puertorriqueñas”, sentenciaron los líderes populares.
El choque político ocurre en un contexto delicado, mientras el Senado federal aún no logra aprobar una resolución que extendería los fondos hasta el 21 de noviembre. La medida, ya aprobada por la Cámara federal el 19 de septiembre, está estancada por falta de apoyo bipartita, principalmente por la negativa de la minoría demócrata a respaldar la propuesta tal como está redactada.
Entretanto, la gobernadora González Colón enfrenta el reto de sostener su defensa en los hechos y demostrar que su administración está preparada para proteger los servicios esenciales, en especial aquellos que impactan directamente a las poblaciones más vulnerables.
Aunque el gobierno insiste en que las medidas están en marcha, la presión política interna sigue aumentando. La Asamblea Legislativa evaluará próximamente las propuestas del PPD, y el uso del fondo de emergencia podría convertirse en uno de los temas más debatidos de las próximas semanas.
