Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan, (23 de mayo de 2022) – La Junta de Supervisión Fiscal le avisó a la administración de Pedro Pierluisi que tiene hasta mañana 24 de mayo para entregar toda la documentación que no ha podido recopilar en dos años para demostrar que la Ley 80 o Ley del Programa de Retiro Incentivado, se puede implementar sin que represente un gasto para el fisco.
En una carta enviada al gobierno el pasado sábado 21 de mayo, la JSF le indicó a la administración Pierluisi tiene hasta mañana 24 de mayo para entregar una detallada descripción de los puestos esenciales a ser eliminados por los empleados públicos que se acojan a la jubilación que propone la Ley 80 y los ahorros netos proyectados por esa eliminación y una relación del costo incremental para el fisco por del pago mensual de pensiones a esos nuevos jubilados.
La misiva, que fue firmada por el consejero general de la JSF, Jaime A. El Kouri, es en respuesta a los señalamientos del gobernador contenidos en una carta a todos los empleados públicos difundida el pasado 9 de mayo, en la que el Primer Ejecutivo anunció que tiene la intención de continuar el diálogo con la JSF sobre la Ley 80.
En esa carta el gobernador Pierluisi sostuvo que su administración tiene hasta el 12 de junio para lograr un acuerdo con la JSF y garantizar una pensión equivalente al 50% del salario de los empleados públicos, según lo propuso la Ley 80.
La carta del gobernador fue en reacción a otra misiva emitida por la JSF el pasado 6 de mayo, en la que del organismo federal anunció su intención de solicitar al Tribunal Federal que finalmente invalide la Ley 80 porque a pesar de los intentos, no ha logrado alcanzar un acuerdo con el gobierno para su implementación.
En la carta del pasado sábado El Kouri sostiene que la JSF “sigue dispuesta a continuar el diálogo con el gobierno hasta la fecha límite acordada de 11 de junio de 2022. En la medida en que el gobierno desee que la JSF considere información, el gobierno debe proporcionar toda esa información a la JSF a más tardar del 24 de mayo de 2022”.
La última oportunidad
No obstante, de la carta se desprende que la fecha de mañana martes 24 de mayo es la última oportunidad que tendría el gobierno para justificar los supuestos ahorros que generaría la Ley 80.
De hecho, en los pasados dos años el gobierno ha sido incapaz de ofrecer información veraz sobre los posibles ahorros y el impacto en el fisco durante las próximas décadas que tendría la Ley 80.
“Además, la JSF está abierta a reunirse con el gobierno para discutir tal información. De no proporcionarse más información para esa fecha, la JSF espera informar al Tribunal de Título III a más tardar el 11 de junio de 2022 que no se llegó a ningún acuerdo con el gobierno”, señala la carta.
La ley 80 fue invalidada el pasado 28 de diciembre, cuando el Tribunal Federal emitió una orden en la que pospuso la puesta en vigor de la anulación, en espera de que la JSF y el gobierno lograran un acuerdo para ofrecer algunos de sus beneficios de la ley sin que le cueste un centavo al fisco.
La orden concedió un período de 45 días para que la JSF y el gobierno lograran un acuerdo, cuya fecha límite fue 11 de febrero de 2022. Ese día el gobierno presentó algunos datos, alegadamente, incompletos a la JSF. El 16 de febrero de 2022, la JSF y el gobierno presentaron una moción al Tribunal Federal solicitando 120 días adicionales para llegar a un acuerdo. Dicha petición fue avalada por el Tribunal, y su fecha límite vence el 12 de junio.
En agosto del 2020 la exgobernadora Wanda Vázquez Garced firmó la ley 80, luego de que fue aprobada de manera unánime en la Cámara y en el Senado. La ley estableció una venta de retiro a los empleados públicos con una pensión equivalente al 50 % del salario más alto devengado en los últimos tres años.
Objeciones por falta de recursos
Desde su aprobación la JSF presentó objeciones porque la ley fue avalada por la Legislatura sin analizar su impacto fiscal y sin que se hubiera identificado una fuente de recursos para financiar las pensiones de los empleados que podrían acogerse al retiro que prometía el estatuto.
El gobierno había identificado 11,000 empleados en casi 150 agencias y municipios que eligieron participar en el programa de jubilación de la Ley 80. Pero en un análisis producido por el gobierno el pasado mes de marzo, solo se mencionan 1,100 empleados de 7 agencias.
La JSF ha señalado que el retiro propuesto por la ley 80 estaría disponible para los empleados esenciales y no esenciales, pero las dependencias no podrán reclutar nuevos empleados para llenar las plazas de los empleados esenciales que se jubilen.
El gobierno indicó que tiene la intención de transferir empleados de otras agencias para ocupar los puestos designados como «esenciales», pero no los ha identificado por cada agencia. En respuesta, la JSF ha indicado que los empleados esenciales no pueden ser reemplazados por funcionarios de otras agencias, sino que es necesario traer empleados con el conocimiento y las habilidades que requiere la posición denominada como esencial.
La JSF también ha señalado que al no identificar la identidad de los empleados que serían transferidos y la agencia en la que están empleados actualmente, incluyendo su nivel salarial y los beneficios acumulados “ni el gobierno ni la JSF pueden proyectar de manera confiable los ahorros netos de los puestos eliminados propuestos.”
