La administración de Jenniffer González alega que la extensión firmada en 2022 vulnera el interés público; oposición afirma que el PNP actuó tarde
SAN JUAN (EFE) – El Gobierno de Puerto Rico presentó este jueves una demanda para cancelar el contrato de la empresa encargada de la transmisión de la electricidad en el archipiélago, LUMA Energy, una compañía que causó gran descontento entre la población puertorriqueña por su gestión.
La Autoridad para las Alianzas Público Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica presentaron un recurso legal ante el Tribunal de San Juan para solicitar la cancelación del contrato de LUMA Energy.
«Se plantea a este Honorable Foro la invalidez de una pretendida extensión del contrato bajo el cual LUMA Energy, LLC, y LUMA Energy ServCo, LLC, operan el sistema de transmisión y distribución más allá del término interino originalmente acordado», esgrimió la demanda.
«Esta ‘extensión’, suscrita el 30 de noviembre de 2022, resultó en otorgarle a LUMA un control indefinido sobre la operación del sistema eléctrico, despojar a la P3 y a la AEE de la facultad resolutoria que les pertenecía y subordinar el interés público a la mera voluntad del operador privado», añadió el documento.
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, en un mensaje especial tras la demanda presentada, mencionó que el Gobierno de la isla contrató a LUMA creyendo un proceso de licitación donde presentaron «sus múltiples capacidades, calificaciones técnicas que le hacían merecedora de la confianza del pueblo».
«Prometí que les iba a cumplir y aquí estoy», aseveró la mandataria, haciendo referencia a la promesa que hizo durante la campaña electoral por la Gobernación de Puerto Rico el año pasado.
En una entrevista radiofónica el año pasado, González alegó que si llegara a ser gobernadora, habría una fiscalización rigurosa y constante para asegurar que LUMA cumpliera con sus obligaciones contractuales y respondiera adecuadamente a las necesidades del pueblo.
A su juicio, «poseían una experiencia superior a los demás competidores en la obtención y manejo de fondos federales y que podían obtener con agilidad los reembolsos que permitirían acelerar la reconstrucción del sistema».
González remarcó que esa experiencia no la ha visto en acción ni en los pasados cinco años de contratación ni en los once meses que lleva su administración en el Gobierno.
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Por ello, su equipo lleva «meses» evaluando nuevos posibles candidatos para asumir la operación y distribución del sistema energético.
«Necesitamos un operador de transmisión y distribución capaz de responder con sentido de urgencia. Rendir cuentas con transparencia y de administrar de forma responsable los recursos públicos y los recursos federales destinados a la reconstrucción», concluyó González.
Por su parte, el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD) de la oposición, Manuel Calderón, criticó que la mandataria tardó 343 días en demandar a LUMA Energy.
«En contraste, las delegaciones del PPD radicaron legislación para presentar una demanda en los tribunales en enero de 2025. Una vez más, el Partido Nuevo Progresista (PNP) llega tarde. Llama la atención que fue bajo el PNP que se aprobó la extensión del contrato de LUMA que ahora este Gobierno quiere declarar nulo», subrayó el PPD en un comunicado.
En este contexto, el PPD aseguró que respaldará toda acción que sea necesaria para cumplir «con el país y sacar a LUMA», para que los puertorriqueños puedan tener un servicio eléctrico «eficiente y a bajo costo».
La red eléctrica de Puerto Rico es muy frágil desde que quedó destrozada durante el huracán María de 2017, siendo frecuentes los apagones, que en ocasiones son incluso generales y de varios días de duración.
Los constantes apagones que ocurren en la isla desde que en junio de 2021 Luma empezó a trabajar en Puerto Rico, y los aumentos de la factura pese a las interrupciones eléctricas, son algunas de las causas que han generado disconformidad entre los ciudadanos.
