San Juan, Puerto Rico (EFE) – La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) anunció este martes que ha sometido ante el Tribunal de Título III su posición respecto al Plan de Ajuste propuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y sus objeciones a ciertas disposiciones del mismo.
En síntesis, la AAFAF enfatizó ante el Tribunal que el contenido del Plan de Ajuste debe ser asequible, razonable y sostenible y debe facilitar la capacidad de la AEE para cumplir con su responsabilidad estatutaria y moral de proporcionar energía eléctrica de manera confiable, limpia, eficiente y resiliente.
Según el comunicado, la AAFAF resaltó que tanto PROMESA como las leyes de Puerto Rico exigen que cualquier plan de ajuste de la AEE debe respetar el rol del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), como regulador independiente.
El NEPR es el responsable de determinar la estructura y diseño de las tarifas, que según la propuesta de los bonistas de la AEE, deberían aumentar un 28%.
«Los bonistas han insistido en que el Tribunal debería obligar a los contribuyentes de la AEE a pagar aún más de lo propuesto en el Plan, lo que supondría una carga monumental para los residentes y las empresas y amenaza la viabilidad de la AEE y el desarrollo económico en Puerto Rico en general», indicó el director ejecutivo de la AAFAF, Omar J. Marrero.
Para dicho fin, los acreedores han pretendido eliminar la distinción entre la AEE y el Gobierno central para que este último contribuya aún más de sus recaudos para incrementar el porciento de recuperación de los acreedores, en exceso a los aumentos ya contemplados en el Plan.
Marrero afirmó que el Gobierno rechaza cualquier aportación adicional dirigida exclusivamente a aumentar la recuperación de los bonistas.
«La AEE y las personas y empresas a las que sirve no pueden soportar tarifas insosteniblemente altas, particularmente cuando, en comparación con los Estados Unidos, Puerto Rico tiene el ingreso familiar promedio más bajo y una de las tarifas eléctricas más altas», lamentó.
Marrero denunció que este aumento en la factura es «una carga excesiva sobre los residentes y las empresas de Puerto Rico» que puede forzar a los ciudadanos «a escoger cuál de sus necesidades básicas sufragar y a los pequeños comerciantes a cerrar sus puertas permanentemente».
La jueza federal Laura Taylor Swain se encuentra evaluando el Plan de Ajuste de la AEE luego de escuchar la pasada semana la representación legal de la Junta de Supervisión Fiscal, al igual que los tenedores de la deuda de dicha corporación pública, la cual asciende a $9,000 millones.
