San Juan, Puerto Rico (EFE) – El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó este jueves una Orden Ejecutiva para extender la Declaración de Emergencia por Violencia de Género hasta el 31 de diciembre de 2024, ante las alarmantes cifras de feminicidios.
Un total de 19 feminicidios íntimos se registraron en Puerto Rico hasta noviembre de este año, cuatro más que en 2022, según los datos del Observatorio de Equidad de Género de la isla, que tiene una población de poco más de 3 millones de habitantes.
«La obra que comenzamos el 25 de enero de 2021 con la Declaración de Emergencia no ha terminado y mucho menos nuestro compromiso inquebrantable con erradicar la violencia», afirmó el gobernador en un comunicado.
Por ello, con esta medida se da continuidad a las iniciativas y proyectos comenzados e implementados por el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité Pare).
«Estamos enfrentando diversas manifestaciones de violencia física, sicológica, sexual y económica que representan un mal social complejo. Ante ello, es necesario trabajar tanto en la prevención como en la atención a víctimas, teniendo como objetivo la erradicación de cualquier expresión de violencia de género», dijo el gobernador.
La extensión de la Declaración de Emergencia tiene como objetivo salvaguardar la asignación de recursos fiscales en los presupuestos de las agencias para luchar contra esta lacra.
También se continuará desarrollando el sistema de recopilación de datos y estableciendo alianzas con los gobiernos municipales para ampliar la red de servicios y apoyo a personas en situaciones de violencia de género.
Igualmente, se seguirán concretando acuerdos de colaboración entre los municipios y el Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (COPOP), adscrito a la Unidad de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del Negociado de la Policía.
La orden ejecutiva establece que se ampliarán las herramientas para el manejo, procesamiento y la atención de las órdenes de protección y que se implementará el adiestramiento y capacitación continua del personal público sobre los protocolos sobre violencia de género.
Las campañas de prevención y educación contra la violencia tendrán continuidad, así como el desarrollo de planes y programas necesarios entre las agencias y las organizaciones no gubernamentales para la atención y apoyo de las víctimas secundarias de la violencia de género, sobre todo los menores.
Del mismo modo, se revisarán y establecerán programas efectivos para la rehabilitación dirigida a romper el ciclo de la violencia de género y se continuará implementando el currículo de equidad en las escuelas del sistema público de enseñanza.
Desde que la declaración del primer estado de emergencia en 2021, se ha adoptado legislación puntual, desarrollado protocolos e implementado medidas tales como la creación del COPOP y el establecimiento de un sistema de recopilación y manejo de datos estadísticos sobre los casos de feminicidio.
