Primer informe de la iniciativa IDEA revela incumplimiento generalizado con la actualización de normas y apunta a digitalizar procesos
SAN JUAN, Puerto Rico – Más del 90% de los reglamentos vigentes en el Gobierno de Puerto Rico no han sido revisados en al menos cinco años, según el primer informe de la Iniciativa para la Desreglamentación y Eficiencia Administrativa (IDEA), presentado hoy por la Coordinadora de Eficiencia Gubernamental, Verónica Ferraiuoli Hornedo.
El documento detalla que se revisaron más de 4,000 reglamentos, de los cuales una parte significativa proviene de agencias que ya no existen o que operan bajo legislación derogada. La situación, de acuerdo con la funcionaria, refleja un amplio incumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que obliga a revisar las normas cada cinco años.
El informe expone que 83 agencias completaron una autoevaluación de su reglamentación y que ya hay procesos activos para derogar, consolidar o redactar nuevas normas. Además, se consolidó una base de datos con los reglamentos y se desarrolló un panel digital que permitirá al público monitorear estos procesos.
La iniciativa incluye también el sistema IDEAL (Identidad Electrónica para el Acceso en Línea), que actualmente cuenta con 1,190 usuarios activos en 74 agencias y municipios. Según el informe, este sistema permite validar certificaciones y completar gestiones sin necesidad de entregar documentos físicos.
Como próximos pasos, se prevé implementar una Certificación de Eficiencia Regulatoria obligatoria para nuevas normativas, la adopción masiva de firmas digitales, el lanzamiento de una plataforma de servicios ciudadanos con un asistente virtual y reformas a los sistemas contributivo y de permisos.
La gobernadora Jenniffer González Colón había firmado en meses recientes las órdenes ejecutivas que ordenaron esta revisión como parte de un plan de reorganización administrativa. La presentación del informe marca el inicio de la fase de depuración y digitalización de los reglamentos, un proceso que, según la Coordinadora, busca reducir duplicidades, trámites obsoletos y requisitos que dificultan la gestión gubernamental.
