Rosario Murillo acusa al centro de ser escenario de torturas durante las protestas de 2018; la Iglesia católica denuncia una creciente persecución
San José (EFE) – La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó este martes que han expropiado un colegio que pertenecía a la orden religiosa Congregación Hermanas Josefinas, donde, según dijo, se «torturó y asesinó a compañeros» sandinistas en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.
Murillo, designada copresidenta por una reforma constitucional y esposa del también copresidente Daniel Ortega, dijo a través de medios oficiales que el antiguo colegio San José, ubicado en la ciudad de Jinotepe, departamento (provincia) de Carazo (Pacífico), pertenece ahora al Estado con el nombre de centro educativo ´Bismarck Martínez´, en honor a un militante sandinista asesinado en el marco de esas protestas, y al que tildó de «símbolo de paz y victorias».
«Tenemos nuevo centro educativo. Esto es un logro de la paz, de la paz que vivimos, que resguardamos, la paz que merecemos», celebró Murillo.
«El golpismo -como el Gobierno de Ortega y Murillo se refiere a los que se manifestaron en su contra- durante la nefasta, la criminal ocupación de la ciudad de Jinotepe, torturó y asesinó a compañeros y compañeras» en ese colegio, afirmó la dignataria.
«¿Dónde ocurrían esos crímenes? En el colegio San José, desgraciadamente», continuó Murillo, sin ofrecer pruebas ni testimonios de supuestas víctimas.
Llevará nombre de militante sandinista
La esposa de Ortega explicó que el colegio San José, con más de 40 años de trayectoria, que pertenecía y estaba a cargo de las hermanas de la Congregación Josefinas, «ha sido trasladado al Estado por ser emblemático de la barbarie, pero al mismo tiempo de la lucha digna y victoriosa, en este caso de las familias de Jinotepe que vencimos el golpismo».
Recalcó que «ese centro de torturas y de crímenes, de odio, que se llamaba colegio San José, llevará el nombre, ya en manos del Estado nicaragüense, del héroe, del mártir, compañero Bismarck Martínez».
Murillo sostuvo que Martínez fue torturado en el colegio San José, donde, dijo, «operaban los golpistas» y de allí se «lo llevaron a asesinarlo en los predios aledaños».
«¡Qué terrible!, pero bueno, en estos tiempos de victorias de la paz, ese lugar será conocido con el nombre del mártir Bismarck Martínez, emblemático compañero que cuyo asesinato conmovió a todo el país», añadió.
Aseguró que se están realizando trabajos de mantenimiento en ese centro educativo «para poderlo reinstalar ya con el nombre de Bismarck, la próxima semana».
«Los estudiantes de los distintos años, son como 600 estudiantes desde kínder hasta el último año de secundaria, van a ser cubiertos por la política de gratuidad en la educación del Gobierno», agregó.
Ese colegio no es el primero que pertenece a una orden religiosa o a la Iglesia católica, que es expropiado por el Estado de Nicaragua.
Las tensiones entre Nicaragua y el Vaticano
En enero pasado, dos edificios propiedad de la Iglesia católica de Nicaragua: el seminario San Luis Gonzaga, de la diócesis de Matagalpa, en el norte, y el centro de retiro espiritual La Cartuja, fueron expropiados por el Gobierno de Ortega y Murillo, en medio de tensiones entre el Ejecutivo sandinista y la Santa Sede.
Las relaciones entre el Vaticano y Managua atraviesan momentos de gran animadversión, caracterizadas por la expulsión, encarcelamiento y desnacionalizados de obispos y de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y procesiones, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
En marzo de 2023, el fallecido papa Francisco calificó como una «dictadura grosera» el régimen de Ortega en Nicaragua, un mes después de la condena por «traición a la patria» del obispo nicaragüense Rolando Álvarez a 26 años y 4 meses de prisión, ahora exiliado y desnacionalizado.
Ortega, a su vez, acusó al Vaticano de formar parte del «conglomerado del fascismo» y disolvió y expropió a la Compañía de Jesús – conocidos como los jesuitas-, orden a la que pertenecía el sumo pontífice, y ha expulsado de Nicaragua a 46 sacerdotes y obispos desde 2018, y les ha prohibido el ingreso al país a otras decenas de curas.
También ha calificado de «mafia» a la Iglesia y la ha acusado de ser antidemocrática por no permitir que los católicos elijan por voto directo al papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes.
