San Juan (9 de abril de 2021) – La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes continuó este jueves el proceso de vistas públicas sobre la Resolución 198 para investigar la Ley 8-2017 que estableció el concepto de «empleador único» en las agencias de gobierno y otros asuntos relacionados a la prestación de servicios a la ciudadanía.
El estatuto, también conocido como «Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico», le asignó a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) la preparación de un Plan de Clasificación y Retribución Uniforme.
Aunque el término establecido era de un año y medio luego de la aprobación de la ley, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) aseguró hoy que aún el gobierno de Puerto Rico no ha completado la adopción de este plan.
«No contamos con un Plan de Clasificación y Retribución Uniforme en estos momentos, principalmente porque no se pudo llegar a un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el año pasado para aprobar su implementación», explicó el licenciado Juan Carlos Blanco, director ejecutivo de la OGP.
Por otro lado, el director ejecutivo reveló que existe un estimado de 11,000 puestos vacantes presupuestados en el gobierno, por lo que aseguró que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que no sean contratados por la empresa LUMA Energy estarán reubicados en otras agencias para el 1 de junio, fecha en que la compañía asumirá las operaciones de la corporación pública.
«En menos de 60 días, si más de la mitad de esos empleados (de la AEE) no se quedan en LUMA, ¿el día 2 de junio van a estar ubicados en una agencia con sus condiciones salariales?», cuestionó Ortiz González.
«Antes de llegar el 1 de junio, ya los empleados van a saber si aceptaron y pasaron a LUMA. Y si no lo hicieron, van a pasar al gobierno y (sabrán) dónde en el gobierno central estarán ubicados», respondió Blanco.
Mientras tanto, el Negociado de la Policía explicó en su ponencia que, al amparo del concepto de movilidad, según contemplado en la Ley 8, podrán ser trasladados a la dependencia empleados civiles de otras agencias para cubrir el trabajo administrativo que realizaban los agentes transferidos a labores operacionales.
Hasta la fecha, la Policía ha recibido 29 empleados para cubrir el trabajo administrativo.
De un total de 2,029 uniformados que realizan funciones administrativas, solo 200 han sido movilizados para áreas operacionales debido al estricto proceso de rearme que debe ser aplicado a estos efectivos.
«Si hay una agencia donde se ve que la intención de esta ley quizás en un principio fue loable, pero no ha tenido el efecto que se espera, es en la Policía», declaró Ortiz.
El Negociado aprovechó su presentación para sugerir a la Asamblea Legislativa la aprobación del Proyecto de la Cámara 533, que tiene como fin proveer los mecanismos a los trabajadores pensionados, retirados o que renunciaron de manera incentivada para que puedan desempeñarse en un empleo regular parcial y retribución no mayor de la mitad que correspondería a una jornada regular de trabajo a partir del 1 de julio de 2021.
El regreso al servicio público de estos empleados, independientemente de cualquier acuerdo suscrito que lo prohíba, sería hasta el 31 de diciembre de 2024.
