Los proyectos de ley buscan devolver autonomía a la Policía de Puerto Rico y establecer un control más estricto sobre la práctica del cabildeo
SAN JUAN, Puerto Rico – La gobernadora Jenniffer González Colón presentó dos proyectos de ley que buscan transformar la seguridad pública y regular la influencia de grupos privados en la política.
La primera medida propone separar la Policía de Puerto Rico del Departamento de Seguridad Pública (DSP), devolviéndole autonomía administrativa y fiscal. La segunda establece la “Ley del Registro de Cabilderos de Puerto Rico”, que obligará a transparentar todas las gestiones de cabildeo ante el gobierno.
Separación de la Policía del DSP
Con la propuesta legislativa, la Policía de Puerto Rico volverá a ser un ente autónomo, desligado del DSP, estructura creada en 2017. El proyecto de ley establece que la nueva entidad tendrá el deber de “proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles de las personas, prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito”.
El cuerpo estará dirigido por un Superintendente, quien tendrá a su cargo la administración y supervisión inmediata de la Policía, además de asegurar el cumplimiento del Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía. Entre sus funciones, deberá:
- Coordinar esfuerzos con agencias estatales, federales e internacionales para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
- Mantener un registro actualizado de la incidencia criminal y estadísticas de cada área policiaca.
- Supervisar el cumplimiento de los protocolos de uso de la fuerza y derechos civiles.
El Comisionado del Negociado de la Policía que esté en funciones al momento de aprobarse la ley pasará automáticamente a ser el nuevo Superintendente, sin necesidad de confirmación del Senado. Además, se restablecerán organismos auxiliares como la Academia de la Policía, el Cuerpo de Capellanes y la Banda de la Policía.
Otra disposición clave es que la Policía de Puerto Rico quedará excluida de la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno”, lo que agilizará la adquisición de equipo y recursos.
Registro de cabilderos: más control y transparencia
El segundo proyecto de ley establece un registro obligatorio de cabilderos, con el fin de “regular la práctica del cabildeo, establecer penalidades y evitar influencias indebidas en la toma de decisiones del gobierno”. La medida define como cabildero a cualquier persona que, por motivación personal o remuneración, realice esfuerzos para influenciar procesos gubernamentales.
“El ejercicio del cabildeo debe dejarse de ver como una práctica indeseable o que conlleva corrupción en sí misma, pues se trata del ejercicio de un derecho constitucional”, cita el proyecto. Sin embargo, reconoce que la falta de regulación ha generado suspicacia y dudas sobre su transparencia.
El registro será administrado por las Secretarías de Estado, del Senado, la Cámara de Representantes y el Tribunal Supremo. Los cabilderos deberán presentar informes semestrales con detalles de sus gestiones, incluyendo:
- Nombre de los funcionarios contactados.
- Asuntos discutidos.
- Entidades o clientes representados.
Además, los cabilderos deberán pagar una cuota anual de $250 para mantener su registro activo.
Con estas iniciativas, la gobernadora González Colón busca reestructurar el aparato de seguridad pública y reforzar la fiscalización de los grupos de interés en el gobierno. Ambos proyectos han sido enviados a la Cámara de Representantes y el Senado para su radicación y eventual debate.
