Jenniffer González sostiene que DACO actuó con responsabilidad al suspender temporalmente el cargo mientras evalúa expedientes, estudios y criterios de transparencia
SAN JUAN (EFE) – La gobernadora Jenniffer González defendió la decisión del secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, de dejar sin efecto, de manera temporal, la cancelación del llamado “promoter fee”, un cargo adicional que se aplica a la compra de boletos para conciertos y otros eventos en Puerto Rico.
La mandataria rechazó que se trate de una eliminación permanente del cargo y subrayó que la determinación responde a la falta de información y documentación que sustente su imposición. A su juicio, la medida adoptada por el titular de DACO es la más responsable en este momento.
González explicó que el funcionario, recién llegado a la agencia, no encontró el expediente ni los estudios que justificaran la imposición del cargo, ni un desglose claro que permita a los consumidores entender qué están pagando. Ante esa ausencia de datos, indicó, el secretario optó por extender la implantación de la orden por unos meses mientras recopila la información necesaria.
La gobernadora insistió en que el objetivo final no es descartar el cargo, sino garantizar transparencia. Señaló que el consumidor debe conocer con claridad el origen y la justificación de cada costo añadido al boleto, y que cualquier determinación debe estar debidamente sustentada para poder ser defendida legalmente si llega a los tribunales.
“El secretario lo que quiere es tener toda la data y todos los expedientes para que el pueblo sepa lo que está pagando”, afirmó la mandataria, al reiterar que la pausa en la implantación no constituye una derogación de la orden, sino una evaluación técnica y legal previa.
La controversia del “promoter fee” se originó tras una orden emitida en octubre de 2025 por la entonces secretaria de DACO, Valerie Rodríguez Erazo, que prohibía el cobro separado del cargo a partir del 1 de enero de 2026, al considerar que violaba normas de transparencia. Sin embargo, el nuevo secretario, Hiram Torres Montalvo, suspendió esa prohibición hasta julio, mientras se realiza un estudio económico y se revisa el marco legal.
El debate ha generado reacciones encontradas entre promotores, que defienden el cargo como necesario para cubrir costos operacionales, y sectores que lo consideran una carga adicional para los consumidores. Para el Gobierno, según González, cualquier decisión final deberá estar sustentada en datos claros y criterios que resistan el escrutinio legal y público.
