Jenniffer González afirma que no intervendrá en el proceso mientras legisladores del PPD impulsan interpelaciones contra jefes de agencia
SAN JUAN, Puerto Rico – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, dejó en manos del Departamento de Justicia de Puerto Rico la evaluación del informe sometido por el Departamento de Transportación y Obras Públicas sobre la controversia que rodea a la secretaria de Vivienda, tras la radicación de dos querellas contra la funcionaria.
Según confirmó la mandataria, el informe que solicitó al titular de DTOP fue recibido en La Fortaleza el viernes de la pasada semana. No obstante, ante los referidos ya presentados por legisladores ante Justicia, el documento fue transferido directamente a esa agencia para su evaluación.
«Sobre este tema debemos recordar que hay dos querellas radicadas por legisladores en el Departamento de Justicia. Así que cuando un legislador o cualquier funcionario hace una querella hacia un funcionario, en este caso un jefe de agencia, va directamente al Departamento de Justicia. Así que el Departamento de Justicia tiene una función de acoger la querella, comenzar un proceso de investigación y terminar con su referido. Puede ser un referido, puede ser enviarla al fiscal especial independiente. Hay distintos mecanismos que el Departamento de Justicia históricamente ha efectuado», expresó la gobernadora.
La ejecutiva sostuvo que no ha intervenido ni intervendrá en el trámite, dado que ya existen querellas formales. «Yo no he querido intervenir de ninguna manera en ese proceso porque ya hay unas querellas», afirmó.
Explicó que el informe solicitado al secretario de DTOP estaba relacionado con alegaciones públicas sobre un trámite adjudicado a la secretaria de Vivienda, asunto que —según indicó— no guarda relación con sus funciones actuales al frente de la agencia, sino con actuaciones previas vinculadas a una propiedad personal.
González señaló que no ha examinado el contenido del informe. «Ese informe, que yo no lo he visto, ya fue sometido por la agencia. Yo creo que le corresponde al Departamento de Justicia atender las querellas, atender la información sometida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas y adjudicar si hubo o no hubo algo que ponga en entredicho la función de la Secretaría del Departamento de la Vivienda. Y yo como gobernadora no intervine ni voy a intervenir en el manejo de esa información», puntualizó.
La mandataria añadió que solicitó a la secretaria de Justicia que el asunto se atienda con prontitud, al tiempo que aseguró que las labores en el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico no se han visto afectadas por la controversia.
Impulsan interpelaciones en la Cámara
En paralelo, los representantes por acumulación del Partido Popular Democrático, Ramón Torres Cruz y Swanny Enit Vargas Laureano, radicaron dos resoluciones para ordenar a la Cámara de Representantes interpelar a la secretaria de Vivienda, Ciary Pérez Peña, y al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González.
Las medidas persiguen que la Cámara se constituya en Comisión Total para celebrar sesiones especiales de interpelación bajo juramento, a raíz de denuncias públicas que vinculan a Pérez Peña con la administración de un centro de inspección vehicular en Yabucoa, denominado Yabucoa Auto Service.
De acuerdo con los legisladores, entre las imputaciones figura la gestión de una reducción de multas administrativas de forma cuestionable, así como presuntas represalias contra un funcionario de DTOP que intervino en el proceso de inspección del negocio.
«Estamos ante una situación que lacera profundamente la confianza de nuestra gente en las instituciones gubernamentales. No se trata meramente de un negocio privado, sino del posible uso de influencias», sostuvo Torres.
Por su parte, Vargas defendió la interpelación como el mecanismo constitucional idóneo para esclarecer los hechos. «Queremos saber quién autorizó la reducción de multas en Yabucoa Auto Service y bajo qué criterios. El país merece saber si hubo represalias contra un inspector por el mero hecho de denunciar un esquema de fraude», expresó.
Los legisladores indicaron que esperan que la mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista permita la consideración de las resoluciones, en medio de un proceso que ahora queda bajo la evaluación del Departamento de Justicia.
