Las medidas buscan prevenir la corrupción en contratos energéticos y agilizar la adjudicación de casos laborales en el sector público y privado
San Juan (EFE) – La gobernadora, Jenniffer González, anunció este sábado que presentó legislación para eliminar el nepotismo en los contratos de las Alianzas Público-Privadas (APP) y crear un ente para resolver controversias laborales.
La primera medida busca prevenir la corrupción pública y privada en los contratos de APP con el Gobierno de Puerto Rico y, la segunda, crea la Junta Apelativa de Relaciones Laborales.
La medida con el número de Administración 32 (A-032) busca enmendar el Artículo 9 de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como ‘Ley de Alianzas Público-Privadas’.
El objetivo es que en todo contrato, subasta, licitación y, particularmente en contratos de alianza, se incluya certificación, en la cual la persona o empresa establezca que no subcontratará la provisión de bienes o servicios objetos del acuerdo a miembros de su unidad familiar, sus accionistas, socios, entidades relacionadas ni exempleados.
«Esta medida tiene como objetivo prevenir la corrupción y la posibilidad de que el pueblo de Puerto Rico pague en sus facturas de luz por las ineficiencias y contratos a sobreprecio», afirmó.
«Con esto en mente, se busca extender a las empresas energéticas las prohibiciones de las leyes locales anti-nepotismo que prohíben la contratación de familiares o exempleados en el servicio público; y prohibir contratos a otras empresas relacionadas a exdirectivos», explicó González.
Para que se permita un contrato con una empresa relacionada o de un exdirectivo, será necesario que se pruebe que no existe ninguna compañía en Puerto Rico que pueda proveer los servicios y que no existe otra compañía a nivel nacional o mundial que pueda ofrecer los servicios a un costo similar.
Además, se facultará al Contralor de Puerto Rico y a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (así como a cualquier entidad gubernamental que establezca normas sobre el contrato de alianza con el Gobierno) a adoptar normas para cumplir con estos cambios.
Por otro lado, la medida de Administración 36 (A-036) crea la Junta Apelativa de Relaciones Laborales de Puerto Rico como el ente cuasi-judicial exclusivo encargado de la adjudicación de controversias laborales en Puerto Rico.
Con la creación de la Junta, se consolidan funciones actualmente dispersas entre la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), la Junta de Relaciones del Trabajo (JRT) y la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA).
De esta forma, se centraliza la adjudicación de controversias laborales para mejorar la eficiencia y agilidad del sistema, eliminando duplicidades, modernizando procesos y promoviendo transparencia y acceso a la justicia laboral.
«El objetivo de la medida es fortalecer los derechos de los trabajadores y patronos mediante procesos uniformes, expeditos y accesibles. La Junta permitirá unificar criterios y promover seguridad jurídica y estabilidad laboral, tanto en el sector público como privado», detalló la gobernadora.
El proyecto también establece términos concretos para la atención y resolución de casos; promueve la digitalización de trámites, incluyendo radicación electrónica y el uso de tecnologías emergentes.
