Las propuestas buscan mejorar la respuesta ante la violencia de género y garantizar mayor acceso a la salud para mujeres embarazadas y en el periodo postparto
San Juan, Puerto Rico (EFE) – La gobernadora, Jenniffer González, envío esta semana cuatro nuevas medidas a la Legislatura que buscan coordinar esfuerzos para erradicar la violencia doméstica y para que haya un mayor acceso a la salud para mujeres embarazadas y en el periodo postparto.
Según el comunicado publicado este jueves por La Fortaleza, la primera medida busca extender los contratos cobijados bajo la Ley 29-2009, conocida como la Ley de Alianzas Público Privadas, a la construcción, mantenimiento u operación de edificaciones cuyo único propósito sea albergar a mujeres víctimas de algún delito de violencia doméstica.
Existen varias entidades sin fines de lucro que se dedican a concederles albergue a mujeres que han sido víctima de este mal social, pero no cuentan con los mecanismos administrativos ni el capital para poder subsistir económicamente.
Al extender los contratos que se pueden dar bajo la ley de las APP, se refuerzan las acciones para combatir la violencia doméstica al agilizar los procesos para el establecimiento de este tipo de infraestructura.
La segunda medida establece la expedición de manera inmediata de una Orden de Protección por violencia doméstica cuando sea solicitada en un tribunal, lo que actualmente queda a discreción del juez.
La tercera busca que a todos los jueces del Tribunal General de Justicia se les requiera que dos veces al año tomen adiestramientos sobre el tema de violencia doméstica, y sobre los cambios en políticas y procedimientos relacionados a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.
Por último, la cuarta medida tiene el fin de garantizar el derecho de toda mujer a seleccionar y recibir atención directa de un ginecólogo-obstetra, adicional a su médico primario, bajo el plan de cuidado de salud al que esté acogida, hasta un año después del parto.
Además, busca disponer que las aseguradoras autoricen al obstetra a diagnosticar, manejar y tratar las condiciones de las pacientes durante el embarazo y el posparto, sin requerir un referido o autorización previa del médico primario.
En Puerto Rico, muchas mujeres enfrentan barreras administrativas impuestas por los planes médicos que les exigen referidos o autorizaciones previas del médico primario para recibir atención directa de su ginecólogo y obstetra.
