Jenniffer González solicita al DTOP evaluar alegaciones mientras el Senado exige aclaraciones públicas sobre posible violación de ley y reducción de multa
SAN JUAN, Puerto Rico – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, solicitó al Departamento de Transportación y Obras Públicas que evalúe y atienda inmediatamente las alegaciones relacionadas con presuntas irregularidades en un centro de inspección vehicular registrado a nombre de la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.
“Le he pedido al secretario del DTOP que evalúe y atienda inmediatamente las alegaciones relacionadas a la Secretaria de la Vivienda”, expresó la mandataria en sus redes sociales.
La controversia surge tras la divulgación de una declaración jurada, fechada en octubre del año pasado y publicada por el podcast Puestos Pa’l Problema, en la que un inspector del DTOP alegó haber detectado irregularidades en un centro de inspección en Yabucoa.
Según lo discutido públicamente, el establecimiento habría incurrido en la venta ilegal de marbetes mediante la fotocopia de certificados oficiales de inspección, documentos que contienen identificadores únicos y que no pueden ser reproducidos. Se indicó que esta práctica se habría repetido en aproximadamente 400 ocasiones.
A raíz de esos hallazgos, la agencia impuso inicialmente una multa calculada a razón de $500 por cada marbete presuntamente vendido de manera fraudulenta, lo que ascendía a cientos de miles de $. Posteriormente, la multa fue reducida a $25,000, de los cuales se habrían pagado $5,000, según la información divulgada en el debate público.
El inspector también alegó que, luego de presentar las denuncias, fue removido de su cargo y asignado a funciones sin responsabilidades definidas dentro del departamento, además de haber recibido advertencias sobre posibles represalias si continuaba investigando.
Durante su proceso de confirmación ante el Senado, Pérez Peña consignó que era dueña del negocio desde 2014 hasta el presente y que la administración estaba a cargo de su hermano y su padre. En informes presentados ante la Oficina de Ética Gubernamental, reportó $1.2 millones en activos y aproximadamente $600,000 en pasivos, conforme a los documentos discutidos públicamente.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se expresó sobre el asunto mediante una publicación en redes sociales en la que señaló que la secretaria emitió un comunicado negando las alegaciones y que, en el proceso de confirmación, ofreció la información sobre su vinculación con el negocio, sin ocultarla. Indicó además que consignó en documentos oficiales que su hermano y su padre manejaban la operación.
Rivera Schatz sostuvo que el DTOP, el CESCO y el Departamento de Justicia deben expresarse para aclarar las alegaciones y frenar las especulaciones. Específicamente, planteó que debe aclararse públicamente si hubo alguna deficiencia o violación de ley, cuál fue el curso de acción adoptado y cuál fue el resultado final. Concluyó que el asunto debe atenderse de forma sencilla y puntual para cerrar el caso sin lugar a dudas.
Desde La Fortaleza, el secretario de Asuntos Públicos indicó previamente que se trata de alegaciones que se atenderán en los foros pertinentes.
La instrucción de la gobernadora coloca ahora el proceso en manos del DTOP, mientras continúan los reclamos públicos y legislativos para que se ofrezca una explicación detallada sobre la imposición inicial de la multa, su posterior reducción y las alegadas irregularidades en la operación del centro de inspección.
